- Después de días de silencio, Yolanda Díaz ayer tenía la patata caliente de posicionarse sobre la polémica derogación de la reforma laboral que el Gobierno de coalición pactó con EH Bildu para amarrar la prórroga de la alarma y, aunque no mencionó ese acuerdo ni se atrevió a ponerle plazos y forma a la supresión, fue lo más sincera posible: “Se hará cuando sea posible”. En su intervención durante la comisión de Trabajo y Seguridad Social del Senado, la ministra de Podemos señaló que la erradicación de la ley laboral ”seguirá su curso y su camino, y lo hará con diálogo social, como siempre”, después de que la patronal suspender a toda vía de comunicación al conocer que el consenso entre socialistas, morados y la coalición soberanista instaba a la eliminación íntegra de la reforma laboral del PP, algo que la ministra Nadia Calviño obligó al PSOE a rectificar porque entiende que sería “absurdo y contraproducente” en el actual contexto.

La derogación, según se recogía en el acuerdo programático, y, conforme Díaz ha aseverado en otras ocasiones, se abordaría en dos fases, en una primera donde se tratarían los aspectos más lesivos y en otra posterior que trataría sobre la creación de un Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI. La titular de Trabajo evitó entrar ayer en el calendario de la contrarreforma -el pacto con Bildu habla de acometerla antes de que acaben las medidas extraordinarias por el coronavirus- ni en si se podrá considerar “integral”. “Ha de ser abordado cuanto antes, pero nos encontramos inmersos en una pandemia”, zanjó. Asimismo, es consciente de que no puede ser derogada de súbito, pues se trata de un entramado jurídico complejo en el que conviven medidas que recortaron derechos con otras que actualizan y ajustan la regulación del cambiante mundo del empleo.

Interpelada sobre el portazo de la CEOE a una mesa de diálogo social, Díaz indicó que la comisión tripartita sobre la prolongación de los ERTE más allá del 30 de junio “sigue vigente”. La dirigente de Podemos, principal damnificada de la alianza con Bildu, trabaja para volver a sentar a patronal y sindicatos. Su tarea y la de su secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha estado presidida desde el pasado enero por el empeño de desplegar su programa político mediante la negociación, tratando de evitar el error que en 2012 cometió el PP, cuando aprobó la reforma laboral apartando a las organizaciones sindicales, de ahí que su contacto con las centrales y la CEOE sea casi diario. De hecho, ya logró que todos firmaran su propuesta de subida del salario mínimo nada más arrancar el año y en esas fechas ya se afanaba con empresarios y sindicatos en el calendario y objetivos del laborioso desmantelamiento de la normativa laboral que abanderó el Gobierno de Mariano Rajoy, comenzando por la supresión de los despidos por baja médica reiterada.

Para hablar de los cambios legales necesarios para combatir la precariedad laboral, la responsable de Trabajo defendió ayer que “debemos acometer las transformaciones de fondo que este país necesita en el ámbito laboral y del trabajo, sin tardanza. Nuestra respuesta debe ser ambiciosa”. Apuntó además que el mercado laboral en mayo ha entrado en una fase de “absoluta contención”. La ministra quiso destacar que los representantes de los empresarios y los sindicatos han demostrado su madurez y “altura de miras”, al tiempo que se mostró confiada en que “esta senda tan fructífera continuará dando frutos a esta legislatura”.