El fiscal de la Audiencia Nacional Miguel Ángel Carballo acusa al major de los Mossos d’Esquadra, José Luis Traperomajor, de sedición por autoría directa porque la actuación de la policía autonómica fue “indispensable” para la comisión de los delitos cometidos en el procés independentista catalán y para dar “una apariencia de institucionalidad y legitimidad” al referéndum del 1 de octubre de 2017.
Carballo considera que los Mossos actuaron con “tibieza” y hubo una “dejación consciente y voluntaria” de sus obligaciones para evitar tanto la votación del 1-O como la protesta masiva frente a la Consejería de Economía de la Generalitat durante un registro judicial el 20 de septiembre. “Era evidente que no había ningún deseo real de evitar el 1-O”, sostiene, para añadir que el “mantra” que han utilizado los mandos policiales acerca de que la prioridad era actuar con “proporcionalidad” y mantener la paz social durante las concentraciones fue únicamente una “excusa”.
Así lo puso de manifiesto el fiscal durante la exposición ayer de su informe de conclusiones definitivas, en el que solicita 10 años de prisión para Trapero por sedición, aunque también propone una alternativa por delito de desobediencia, que no conlleva pena de cárcel. La misma condena solicita para los exjefes políticos de los Mossos César Puig y Pere Soler, así como 4 años de prisión para la intendente Teresa Laplana.
Carballo apenas se detuvo en la argumentación para defender estos delitos, pero su compañero Pedro Rubira explicó que la razón para pedir una alternativa de desobediencia si el tribunal no ve motivos para la sedición viene motivada porque en el otoño de 2017 se incumplieron resoluciones del Tribunal Constitucional, del fiscal superior de Catalunya y del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), por lo que su intención es que éstas no queden “en papel mojado” en ningún caso.
No obstante, el Ministerio Público insiste en que la actuación de los jefes de los Mossos responde a la sedición. “El delito de sedición se produce por el alzamiento, pero también con conductas típicas que posibilitan el alzamiento de otros. Los acusados fueron conscientes y no sólo omitieron actuar, sino que contribuyeron de forma decisiva al plan independentista que posibilitó la celebración del referéndum del 1 de octubre y la declaración unilateral de independencia el 27 de octubre”, subrayó Carballo.
Carballo ve así una “responsabilidad individual y personal” de cada uno de los cuatro en lo que, según ha destacado, son “los mismos hechos” que resultaron en la condena por sedición a los dirigentes políticos catalanes en el Tribunal Supremo. Y remarcó varias veces la palabra “individual” porque “esto no ha sido nunca un juicio a un cuerpo policial” en su conjunto, sino contra sus responsables en el otoño de 2017. El fiscal puso en duda todo lo declarado por Trapero y comentó lo que ha denominado como el “supuesto plan” para detener a los miembros del Govern de Carles Puigdemont si así se lo ordenaba el juez, ya que “no existió nunca”: según ha manifestado, no hay ninguna documentación al respecto y no lo mencionó durante la instrucción de este procedimiento. Más bien al contrario, el fiscal consideró que los líderes políticos catalanes confiaban en Trapero para dirigir con éxito su plan independentista y por eso ha relacionado el ascenso del acusado a mayor de la policía autonómica por la “confianza” que mostraban en él desde el Govern.