El Gobierno de Navarra ha aprobado, en su sesión de este miércoles, el sexto Decreto Ley-Foral que recoge un paquete de medidas extraordinarias en la lucha contra los efectos de la COVID-19 relacionadas con la fiscalidad, el transporte de viajeros por carretera y los trabajadores autónomos del sector cultural.
En materia fiscal, el decreto contempla medidas en favor de la conciliación, la digitalización y la fiscalidad verde, según ha detallado en rueda de prensa la consejera de Economía y Hacienda, Elma Saiz, quien ha subrayado que el objetivo es ofrecer "medidas útiles para los colectivos dañados por los efectos de la pandemia".
La consejera ha puesto en valor que todos los grupos presentes en el Parlamento han participado en la elaboración de estas medidas, un consenso que se visibilizará cuando el decreto llegue a la Cámara.
Respecto a medidas favorables a la conciliación, ha destacado el incremento para el IRPF de 2020 de la deducción por la contratación de personas trabajadoras en el hogar para el cuidado de descendientes, ascendientes, otros parientes y personas discapacitadas. De este modo, la deducción se eleva del 25 % al 100 %.
En cuanto al impulso de la digitalización, ha señalado que con el objetivo de apoyar la transformación digital de las pequeñas empresas y personas que desarrollen actividades empresariales y profesionales, se establece una deducción del 30 % en la cuota del Impuesto sobre Sociedades, o en su caso del IRPF, de los gastos e inversiones efectuados en 2020 destinados a la transformación digital de la empresa y a la implantación del comercio electrónico.
Esa medida contempla un límite en la base de deducción situado en los 5.000 euros.
Además, en materia de fiscalidad verde, se elimina el límite de deducción por inversiones en instalaciones de energías renovables y se establece que la deducción ya existente por inversiones en este tipo de instalaciones, tanto en Impuesto sobre Sociedades como en IRPF, se aplicará desde el periodo impositivo 2020 sin sujeción al límite del 25% de la cuota líquida.
Otra cuestión que ha considerado "fundamental" es la lucha contra el fraude y en esa línea, según ha indicado, se contemplan medidas como la ampliación del plazo de publicación del listado de deudores hasta el 1 de octubre o la habilitación para regular actuaciones mediante videoconferencias en inspecciones y otros procedimientos tributarios.
En relación con el consenso recabado, ha destacado que se han incorporado propuestas tanto de Navarra Suma como de EH Bildu y se ha detenido especialmente en las aportaciones de los primeros relacionadas con cuestiones como el impuesto de sociedades o la digitalización.
En relación con el Impuesto de Sociedades se plantea que aquellas sociedades que no hayan podido aprobar sus cuentas anuales con anterioridad a la finalización del plazo de declaración, deberán presentar una declaración con las cuentas anuales disponibles en ese momento y luego, cuando sean aprobadas, una nueva declaración, con fecha tope 30 de noviembre de 2020, que complemente la anterior sin aplicación de intereses de demora ni recargo por presentación extemporánea.
En materia de transporte, el Ejecutivo foral ha aprobado destinar 2 millones de euros para compensar el déficit incurrido en el sector del transporte interurbano de viajeros por carretera durante la vigencia del estado de alarma, en la que ha prestado este servicio considerado esencial con grandes caídas de la demanda, de entorno al 95%.
Esta compensación económica se establece como consecuencia de la reducción extraordinaria de ingresos ocasionada por la menor demanda de servicios por las limitaciones impuestas y el incremento de los costes a los que han tenido que hacer frente debido a la desinfección diaria de los vehículos.
Además, el Decreto-Ley Foral contiene una medida que reconoce la intermitencia en el desarrollo de las actividades profesionales del sector cultural.
Establece que los trabajadores autónomos que no hubieran estado de alta en el IAE de Navarra, el régimen correspondiente de la Seguridad Social, o en una mutualidad de previsión social en la fecha de la declaración del estado de alarma tendrán acceso a la ayuda de 700 u 800 euros por reducción de facturación siempre que hubieran estado dados de alta al menos 4 meses o 120 días en los doce meses anteriores a la declaración del estado de alarma.
