La formación Podemos-Ahal Dugu ha anunciado este miércoles que condiciona su voto a favor al Plan Reactivar Navarra a la aprobación del Convenio de Intervención Social, a la mejora de la capacidad protectora de la Renta Garantizada y al aumento de la inversión en derechos sociales

Así lo ha señalado en una nota el portavoz de la formación en el Parlamento, Mikel Buil, quien ha asegurado que "hay temas vitales para la ciudadanía navarra en los que no vamos a dar nuestro brazo a torcer", como la aprobación de su resolución que insta al Gobierno, entre otros asuntos, a incrementar el techo de gasto del Departamento de Derechos Sociales a lo largo de la legislatura.

Al respecto, indica que la asunción por parte de la Seguridad Social del Ingreso Mínimo Vital aprobado por Unidas Podemos y PSOE a nivel estatal podría traer un ahorro de unos 50 millones a las arcas navarras.

"Este excedente no puede acabar en otros Departamentos, por eso planteamos que el techo de gasto de Derechos Sociales no se vea mermado y, al contrario, pedimos que tenga un incremento creciente en la financiación, como ha venido siendo en los últimos 5 años para así, seguir respaldando los derechos sociales de navarros y navarras", ha señalado Buil.

Para el portavoz parlamentario de la formación, "hay asuntos vitales para la ciudadanía navarra en los que no vamos a dar nuestro brazo a torcer", al tiempo que ha considerado "absolutamente hipócrita" que haya partidos que digan que "no van a dejar a nadie atrás, pero luego votan en contra de que el excedente que vamos a tener gracias al Ingreso Mínimo Vital, se quede en el departamento de Derechos Sociales".

Ha recordado que la propuesta de Podemos que está en juego habla de compromisos políticos ya adquiridos y que incluyen, por ejemplo, realizar un Convenio de Intervención Social que dignifique las condiciones laborales de quienes atienden a personas en situación de vulnerabilidad y que se encuentran congeladas desde hace 10 años.

Además, asegura que esta resolución prioriza la inclusión de colectivos y personas tradicionalmente excluidas de la Renta Garantizada así como el despliegue de los complementos fiscales al empleo precario para reducir ese 12 % de la población navarra que a pesar de tener un trabajo, se encuentra en situación de pobreza.