El portavoz de Navarra Suma en el Parlamento foral y presidente de UPN, Javier Esparza, ha pedido a la presidenta del Gobierno foral, María Chivite, que cese al consejero de Desarrollo Económico y Empresarial, Manu Ayerdi, después de que el Tribunal Supremo le haya abierto causa por los presuntos delitos de prevaricación y malversación en el caso Davalor.

En declaraciones a los medios de comunicación al término de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra, Esparza ha señalado que, a la vista de esto y del artículo 68 de la ley del Gobierno, "sólo hay una solución, que María Chivite cese a Manu Ayerdi". "Es una obligación legal que tiene la presidenta del Gobierno", ha afirmado.

Ha señalado Esparza que la modificación de dicha ley la realizó el cuatripartito en la legislatura pasada y "ahora espero que se cumpla". "No puede ser que un Gobierno se salte la ley, que está aprobada", ha comentado para recordar que dicha norma recoge, para investigados por delitos de corrupción, que "en el momento en que un cargo público electo o de libre designación conozca de forma fehaciente que un juzgado o tribunal competente ha adoptado un auto estableciendo su situación procesal de investigado o figura legal equivalente por la presunta comisión de los delitos contemplados en los artículos 404 a 444 o 472 a 509 del Código Penal entenderá que su permanencia en el cargo es incompatible con la confianza que se debe trasladar a la ciudadanía sobre la vigencia de los principios éticos y con la obligación de preservar el prestigio de la instituciones".

El portavoz de Navarra Suma ha comentado que "quien tiene la potestad de relevar" a Manu Ayeri es la presidenta del Gobierno, por lo que le ha exigido que "cumpla la ley".

Por su parte, el socialista Ramón Alzórriz ha señalado que "acabamos de conocer la noticia" y ha mostrado su confianza plena en la Justicia en España. "Ahí se tienen que dilucidar las diferencias que haya", ha comentado, para añadir que este asunto está en "una fase muy inicial". "Confianza plena en la Justicia, que será la que determine lo que ha pasado en este caso", ha añadido.

La portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha señalado que "no vamos a cuestionar de ninguna manera los presupuestos del Tribunal Supremo, pero sí expresar la confianza en que será el TS el que despeje todas las dudas en torno a una querella muy concreta presentada por UPN y por lo tanto con todo lo que de esto se deriva".

Desde EH Bildu, Adolfo Araiz ha indicado que "estamos en una situación muy preliminar de lo que es una fase de instrucción penal; supongo que la admisión a trámite es un trámite dentro del propio procedimiento y es prematuro valorar". "El consejero deberá explicar como en su momento ha venido explicando cuál ha sido su actuación en este tema", ha dicho, para añadir que "más allá de que sea llamado a declarar, sería muy inoportuno que por que un partido político, UPN, haya interpuesto una querella tengamos que hacer una valoración cuando desconocemos el contenido de la querella".

Según ha dicho, "los hechos son públicos y notorios, sobre Davalor en este Parlamento hemos tenido la posibilidad de hablar en muchas ocasiones y el resto de valoraciones políticas sobre Davalor las hemos hecho en este Parlamento en reiteradas ocasiones". "Se está valorando si un consejero tramitando estas subvenciones incurriría o no en esos delitos pero no lo puede decir este parlamentario, corresponderá en todo caso al Supremo", ha añadido.

Araiz ha comentado que ésta "era una inversión más dentro del planteamiento de Sodena, contaba con una serie de análisis jurídicos y económicos, y lo que ha ocurrido en esta ocasión, frente a otras ocasiones, es que el resultado final ha sido nefasto para las arcas públicas; en otras ocasiones ha pasado esto y a nadie se le ha llevado a los tribunales y sería buen momento para revisar actuaciones fallidas de Sodena de las que UPN nunca ha dado explicaciones".

Finalmente, Mikel Buil, de Podemos, ha indicado que "preferiría" informarse del asunto antes de valorar y "estudiarlo".