El Gobierno de Navarra tiene entre manos un asunto de los que queman: quiere reformar la renta garantizada, la medida estrella de las políticas sociales navarras desde 2015, pero no sabe cómo.
La ayuda de último recurso ha contado con alrededor de mil millones de euros desde 2017, primer año en el que entró en funcionamiento con el actual formato. Ha llegado a decenas de miles de familias con problemas de inclusión social y laboral en toda Navarra. Ahora son unas 35.000 personas las que, de alguna manera u otra, la perciben. Después de una década, la ayuda está estancada en unos 100 millones de coste anual y tiene en la escasa proyección hacia el mundo laboral su principal obstáculo: solo uno de cada cuatro perceptores en edad de trabajar ha logrado firmar un contrato en 2024, según la memoria de ese año, la última disponible con datos consolidados. La firma de contratos, de hecho, ha ido a menos: eran 6.774 las personas que habían firmado al menos un contrato en 2021; fueron unas pocas menos –6.498– al año siguiente; 5.523 en 2023 y 4.669 en 2024. La cifra de unidades perceptoras se ha mantenido bastante estable a lo largo del tiempo, sobre las 17.000 unidades familiares.
La falta de despegue en el empleo ha sido el talón de aquiles de una prestación que ha sido desde siempre objeto de ataques por parte de la ultraderecha de Vox, cuyo discurso ha terminado por arrastrar por completo a las derechas de UPN y PP a un planteamiento que aboga por la supresión de la renta tal y como está estipulada hoy en día, con alternativas con menor dotación económica y con menos capacidad de llegar a la gente. Y, se quiera o no, ha terminado por calar en la política navarra en general.
Si no, el Gobierno no se hubiese puesto a la tarea para tratar de reformarla. La prueba más palmaria de que el debate está lanzado hay que encontrarla en la primera semana de enero, cuando María Chivite arrancó el año con una reforma de Gobierno que implicó el nombramiento de una nueva directora a cargo de la prestación.
Que sea Miriam Martón, socialista que hasta entonces era la gerente del Servicio Navarro de Empleo, da ideas de por dónde van a ir los tiros de la reforma. Chivite lo dejó claro entonces mismo: “Uno de los retos más importantes del departamento, avanzar hacia una mayor vinculación de la renta garantizada con el empleo”.
No es una tarea fácil desde ningún punto de vista. Al menos 14.000 menores son beneficiarios de la prestación. Un millar largo son mayores de 65 años. De las 20.870 personas que están en edad de trabajar, 9.249 se declaran no disponibles para el empleo. Muchos de ellos, por no tener papeles. Otros por “dificultades relacionadas con la salud o falta de red de apoyo para la conciliación familiar”, según la última memoria.
Dudas entre socios
Martón dio a conocer las líneas generales de la reforma el martes, cuando visitó el Parlamento por primera vez. Fueron unas generalidades, una declaración de intenciones. Remarcó que cualquier cambio se hará con el acuerdo de los socios –en esto, Geroa Bai, Contigo y EH Bildu–, precisión importante habida cuenta que UPN ha registrado una propuesta parlamentaria con recortes sobre la prestación y quiere que se vote en pleno, donde cada partido tendrá que retratarse. UPN sabe que este tema levanta cierto escepticismo entre los socios de Gobierno y que el propio PSN votó en contra de la prestación tal y como está concebida ahora mismo en 2017.
De hecho, los socios creen que el PSN está siendo víctima de la presión de la derecha y quiere hacer ver que aborda la reforma de la renta, que se pone a la tarea, aunque ni los cambios estén muy claros ni mucho menos se sepa cómo se van a llevar a cabo. De momento, el Gobierno no ha compartido con los socios una propuesta. Todo son declaraciones públicas y emplazamientos a futuro. Durante este próximo trimestre dijo la directora que habrá avances.
Lo más parecido a una propuesta está en las declaraciones de Martón. El martes, en comisión, dijo que la reforma iba a incluir una simplificación administrativa de la ayuda; la mejora en la identificación de situaciones de no disponibilidad para el empleo de demandantes de empleo; el incremento de medidas de control y seguimiento de las obligaciones de las personas beneficiarias, y la mejora en la renovación de la prestación.
También, más estímulos para la empleabilidad, con seguimiento de itinerarios más personalizados. ¿Cómo se van a hacer en unos servicios sociales de base ya tensionados? ¿Quién va a diseñar esos itinerarios y va a llevarlos a cabo perceptor a perceptor? Son incógnitas y dudas con difícil respuesta que hacen a los socios pensar que el papel lo aguanta todo, pero que en la práctica cualquier modificación será complicada.
