- Navarra evitó este jueves que el Constitucional volviera a recurrir una ley foral. Una comisión técnica del Gobierno foral consiguió, en una negociación con representantes de la Administración General del Estado, alcanzar un acuerdo con el Ejecutivo central antes de que el tribunal pudiera denunciar un artículo muy concreto del decreto ley foral 10/2020, y que establecía algunas modificaciones para el personal funcionario del Gobierno de Navarra. De esta manera, la capacidad negociadora de Navarra evita un nuevo pleito con las instituciones del Estado y salvaguarda una ley foral antes de que el Constitucional, que en el 80% de las ocasiones falla a favor del Estado, entre en juego.

El motivo de la discrepancia era el siguiente. Uno de los apartados del decreto sobre la función pública establecía una moratoria de cinco años en la convocatoria de una serie de plazas de cuidadores adscritos al departamento de Educación. Al Gobierno central, una vez recibió el documento, le pareció que un plazo tan largo podía incurrir en un quebrantamiento del principio constitucional de igualdad, mérito y capacidad en la función pública, ya que de alguna manera ese horizonte temporal beneficiaría a los trabajadores interinos frente a los aspirantes por oposición. El Estado lo hizo saber, y por esa razón el Parlamento, mediante una enmienda al articulado de los Presupuestos de 2021, estableció una modificación, de tal manera que el decreto fijaba la convocatoria de dicha OPE, como tarde, para mayo de 2023. La nueva redacción ha convencido al Estado, y la pleito ha quedado desactivado.

Lo previsible es que la semana que viene el Estado remita el acuerdo definitivo y que se rubrique entre ambas administraciones.