- “Un 155 encubierto”. Así describe Esquerra su sospecha de que detrás de los recursos ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) por el aplazamiento de las elecciones catalanas se encuentra Moncloa y el PSC. No en vano, algunos de quienes los han presentado son Federalistes d’Esquerres y la Lliga Democràtica, marcas que se hallan en la órbita del partido liderado por Miquel Iceta, que tiene al ministro Salvador Illa como candidato a la presidencia de la Generalitat y única formación que se desmarcó de la decisión de aplazar los comicios al 30 de mayo. A expensas de que el órgano judicial se pronuncie en las próximas horas, desde ERC entienden que los socialistas han pretendido que otros le hagan “el trabajo sucio”, un posicionamiento que, contra pronóstico, complicaría las alianzas entre los republicanos y el Gobierno de Pedro Sánchez y que supondría judicializar todavía más el conflicto catalán cuando, en apariencia, se persigue lo contrario.

La cercanía de la Lliga con el PSC es clara ya que trató de negociar infructuosamente un acuerdo para ir coaligados, mientras que Federalistes ha incluido alguno de sus miembros en la plancha electoral de los socialistas. “Todo indica que es una maniobra desde La Moncloa”, afeó la secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, quien además cargó contra el Gobierno español por está influenciando a los poderes económicos para que presionen contra la decisión de posponer la cita con las urnas. A juicio de Esquerra, la actitud de los socialistas es “electoralista e irresponsable” porque están “anteponiendo sus intereses partidistas al interés público” de la lucha contra la pandemia, y más cuando su aspirante al sillón de la Generalitat es el responsable de Sanidad. “Y esto solo se puede describir como cínico y frívolo. Desde Moncloa quieren volver a hacer un 155 en este caso jugando con la pandemia”, recalcó Vilalta, para quien “el PSC-PSOE está haciendo un triste papel, se le ve el plumero y ambos están quedando retratados”. ERC recuerda que fue Illa quien apostó por dejar para más adelante los comicios vascos y gallegos de 2020. “En cambio, en el caso de Catalunya esto no se puede ni contemplar”, reprochan.

La sala contenciosa del TSJC tiene en sus manos cuatro recursos, uno de los cuales solicita que se adopten medidas cautelarísimas, lo que obliga al tribunal a pronunciarse de forma urgente sin esperar a conocer el posicionamiento del Govern. La Lliga, una fuerza extraparlamentaria del catalanismo moderado, argumenta que ha existido un “abuso de poder inaceptable”, ya que el vicepresident Pere Aragonès “no tiene atribuciones para dejar sin efecto una convocatoria electoral y mucho menos para volver a convocar elecciones cuando considere que se dan las circunstancias oportunas”. Por su parte, la formación animalista PACMA presentó un recurso la semana pasada, cuando aún se mantenía el 14 de febrero como fecha. A él se une el de Izquierda en Positivo, otra marca extraparlamentaria.

El Govern defiende que quienes deseen recurrir el aplazamiento “son libres” de hacerlo pero precisa que la fórmula utilizada para justificar la nueva fecha del 30-M, “el riesgo inasumible”, ya se utilizó en Euskadi y Galicia. Aragonès validó ayer en la cadena Ser la cobertura legal de este retraso electoral ya que “allí nadie se atrevió a cuestionarlo y a ponerlo en duda”. “Si solo una fuerza está en contra, lo que no puede ser es que todo el resto seamos electoralistas”, espetó al PSC, y añadió: “Hemos tomado esta decisión para salvar vidas”.

Sin profundizar, el PSC se escuda en que se halla consultando a varios juristas y a la espera de recibir sus informes jurídicos para adoptar su posición. A su vez, Illa prefiere echar balones fuera y no mojarse. “Me tengo que atener a lo que dicen los responsables que han tomado la decisión. Tengo que creerme lo que han dicho”, declaró en La Sexta. “Me remito a lo que dice mi partido. No quiero entrar”, añadió. Entre tanto, el conseller de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia, Bernat Solé, dio por anuladas las solicitudes de voto por correo que se habían tramitado para el 14-F y reconoció que podrá haber “cambios” en las candidaturas para el 30 de mayo, un extremo que censuran los socialistas porque creen que supone “cambiar las reglas de juego” y motivo de impugnación. Eso sí, Esquerra no aclaró si estas presuntas maniobras que denuncia comportarán alguna consecuencia en lo que respecta al apoyo en el Congreso de los republicanos al Gobierno de Sánchez.

“Se ha recurrido a la fórmula de Euskadi y Galicia y allí nadie se atrevió a cuestionarlo”

Vicepresident de la Generalitat