En plena disputa electoral catalana, lejos de mejorar, la exhibición de sus disputas se ha recrudecido y los dos socios del Gobierno español, Unidas Podemos y el PSOE, han dejado al desnudo el desacuerdo en vivienda y feminismo. Pese a que los dos socios apelan a la necesidad de coordinarse mejor, Unidas Podemos ha hecho públicas sus exigencias al PSOE en el marco de la negociación de la ley de Vivienda y ha trasladado a los colectivos LGTBI su borrador de la denominada ley trans.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, querría llevarlo al Consejo de Ministros a mediados de febrero, pero su contenido y “calidad normativa” es denostado por la parte socialista del Ejecutivo, en concreto por la vicepresidenta Carmen Calvo. Ante una propuesta que incluye la despatologización de la transexualidad y reconoce la autodeterminación del género también para los menores, Calvo ha mostrado su preocupación por la posibilidad de elegir el género “sin más que la mera voluntad o el deseo”.

La vicepresidenta ha llegado a decir que las leyes tienen que ser “muy escrupulosas” y han de tener la suficiente calidad normativa y seguridad jurídica como para que los nuevos derechos que protegen no entren en colisión o mermen los consolidados.

“Lo que ha ocurrido es que en el Ministerio de Igualdad ya no están feministas clásicas sino una chica joven que es Irene Montero”, resumía esta semana a Efe el cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero.

En cualquier caso, el rechazo de los socialistas permite a Irene Montero ser la cara visible de la defensa de los derechos trans, del mismo modo que Pablo Iglesias asume el papel de dejar al desnudo las “profundas discrepancias” con el PSOE en materia de vivienda.

El pasado jueves, Unidas Podemos acusaba al Ministerio que dirige José Luis Ábalos de esconder el borrador de la ley de vivienda “hasta después de las elecciones catalanas”, como respuesta a que el PSOE les plantease posponer la negociación.

Según el ministro, el borrador aún está en discusión en su Ministerio y sin terminar, motivo por el cual no se ha presentado a sus socios. “No hay nada paralizado, estamos trabajando en un borrador y hay un compromiso de presentarlo en el Consejo de Ministros y además, hay unos compromisos políticos con nuestros socios de Unidas Podemos, pero el Ministerio proponente es éste”, recordaba Ábalos.

Podemos ha hecho públicas sus aspiraciones: prohibir los desahucios sin alternativa habitacional, obligar a los grandes propietarios de viviendas a que dediquen una parte de sus activos al alquiler social y poner en marcha medidas efectivas que movilicen la salida de vivienda vacía al mercado de alquiler.

Sin embargo, la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ya ha dejado claro que la pretensión de Iglesias sobre los desahucios no se atenderá. De hecho, los socialistas tienen intención de cumplir lo que indica el acuerdo de investidura en materia de vivienda, sin ir más allá. En virtud de ese compromiso, el Gobierno tiene que atender la regulación de los precios del alquiler, aunque en el lado socialista creen que ahora mismo, como consecuencia de la crisis sanitaria, el mercado se ha tranquilizado y no comparten ni la prisa de Unidas Podemos ni tampoco sus planes de establecer medidas coercitivas hacia los propietarios privados.

Además, fuentes socialistas reprochan lo que consideran una “sobreactuación” de Podemos para ganar visibilidad en la campaña catalana. Lo que está por ver es qué estrategia seguirá Unidas Podemos tras el 14-F. Mientras unas fuentes socialistas dan por hecho que seguirán tratando de colocar titulares sobre los desacuerdos, otros confían en que las relaciones se reconduzcan y que a las elecciones le suceda la calma.