- Un inmueble pagará los platos rotos del PP tras los sucesivos escándalos, casos de corrupción y bandazos en la estrategia que han llevado a la formación a un resultado irrelevante en Catalunya, al borde de la desaparición del Parlament. Su líder Pablo Casado sorprendió ayer a propios y extraños al anunciar que los populares pondrán a la venta y abandonarán a medio plazo la ya mítica sede de Génova 13, en un intento simbólico de ahuyentar fantasmas del pasado como el del extesorero Luis Bárcenas.

La propia sede de Génova está salpicada por una supuesta utilización de fondos en negro para pagar sus reformas, en un caso que se juzga en la Audiencia Nacional desde la semana pasada y en el que Bárcenas, que ahora parece dispuesto a tirar de la manta, se enfrenta cinco años de prisión.

Por tanto, el PP busca ahora una nueva ubicación para sus oficinas que no se asocie con el pasado corrupto que se investiga a día de hoy en los tribunales y con cuestiones como ordenadores rotos, sobresueldos en B, o exdirigentes condenados y en prisión. El movimiento puede tener también visos de operación inmobiliaria que dé un respiro a las finanzas de los populares, disminuidas por la pérdida de fuerza en las instituciones en los últimos tiempos.

"No debemos seguir en un edificio cuya reforma se está investigando en los tribunales", resumió el presidente del PP en su intervención de ayer ante el Comité Ejecutivo Nacional para analizar el fiasco de los comicios del pasado domingo, en los que los populares perdieron un escaño y se quedaron únicamente con tres en el Parlament. Casado achaca la debacle a la "tormenta perfecta" generada contra su partido por la declaración de Luis Bárcenas en la Audiencia, que les ha provocado "un coste electoral tremendo".

La conclusión de Pablo Casado es simplemente poner a la venta la propiedad de Génova 13 y esperar a que amaine la tormenta, lo que se antoja difícil dado el sinfín de casos que los populares tienen todavía pendientes de afrontar en los tribunales.

El cambio de la sede nacional será el único cambio en el PP por el momento, ya que su líder se ha cerrado en banda a depurar responsabilidades por el mal resultado en Catalunya, así como a acometer relevos en la dirección o a virar su política al frente del partido.

Es más, el líder del PP anunció que dejará de responder por los casos de corrupción de las etapas de José María Aznar y Mariano Rajoy al frente del partido, y por todo lo relacionado con Bárcenas, a quien Casado atribuye única y exclusivamente el mal resultado en las elecciones catalanas. "Desde hoy, esta dirección nacional no va a volver a dar explicaciones sobre ninguna cuestión pasada que corresponda a una acción personal que no haya sido en beneficio del partido o incluso haya podido perjudicarle", explicó el presidente popular, que reconoció que no se lo pueden "permitir más" con el calendario judicial que se avecina.

En la misma línea, admitió que "el coste electoral ha sido y es tremendo" por la corrupción que salpica a las siglas y complica "la urgente alternativa que necesita España" para desalojar del Gobierno a Pedro Sánchez. Por ello, Casado obviará los escándalos que tengan que ver con otros líderes o dirigentes del PP: "Tenemos que dejar de preocuparnos por nuestro pasado y ocuparnos del futuro que proponemos para los españoles".

Para escenificar esa renovación -por ahora no se habla de refundación del partido-, el presidente del PP convocará una convención nacional para otoño, de la que debería salir un nuevo documento político estratégico que fije las líneas a seguir por los populares, que en los últimos tiempos se han debatido entre seguir la estela ultra de Vox o moderarse en un intento de recuperar la centralidad en el tablero.

Otro inmueble bajo sospecha, y que figura en los papeles de Bárcenas, es la sede de Bilbao del PP, situada en plena Gran Vía. Según los apuntes del extesorero, las oficinas de los populares vizcaínos fueron pagadas con dinero negro, lo que posteriormente fue corroborado por la UDEF de la Policía Nacional y por un informe del Ministerio de Hacienda que reveló que Génova tenía una cuenta B para el pago de la sede nutrida por donaciones y aportaciones que debían haber sido destinadas a proteger a los cargos del partido de la amenaza de ETA.