Un informe de la UPV encargado por el Gobierno Vasco constata que la investigación policial sobre la desaparición del navarro José Miguel Etxeberría Álvarez, Naparra, fue "muy deficiente desde el inicio", que las autoridades tanto españolas como francesas nunca actuaron de forma "rápida y decidida", y que la justicia debería aclarar un episodio "inaceptable en términos jurídicos y también humanos".
Así se establece en las conclusiones del informe monográfico sobre la desaparición de Naparra, que se produjo el 11 de junio de 1980, y que ha confeccionado la cátedra de Derechos Humanos y Poderes Públicos de la UPV/EHU por encargo de la Secretaría General de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación. El informe, elaborado por un equipo de seis investigadores, repasa a lo largo de 44 páginas la historia del caso, analiza las consideraciones jurídicas y emite una serie de recomendaciones a modo de conclusión.
El informe parte de que la investigación policial fue "muy deficiente desde el inicio", y que peca de un "incomprensible empecinamiento" en sostener una tesis, la de que la desaparición de Naparra se debió a un ajuste de cuentas entre los Comandos Autónomos Anticapitalistas (CCAA), mientras que la posibilidad de que se tratara de un atentado por parte del Batallón Vasco Español (BVE) se dejó de lado pese a las constantes reivindicaciones del grupo parapolicial.
Por todo ello, el informe considera que la "obligación de las autoridades estatales" es responder "de forma rápida y decidida", algo que no se corrigió ni siquiera a partir de 1999, a partir de la querella de la familia. Una actitud que, a juicio del informe, podría provocar una reacción por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Sobre todo, si se tiene en cuenta que el caso de Naparra está catalogado como una "desaparición forzosa" y como "crimen imprescriptible en opinión de Naciones Unidas", por lo que la investigación de lo sucedido no es algo del pasado, sino una reivindicación del presente.
El informe concluye que el caso es "inaceptable en términos jurídicos y humanos", también porque Naparra no ha sido ni siquiera reconocido por el Estado como víctima del terrorismo. Por eso, y en vistas al desarrollo judicial, el informe apela a todas las personas "aún vivas" que puedan tener información a que colaboren con el caso.
Al margen de todo el camino que queda por recorrer, el informe plantea que es importante brindar un reconocimiento social del caso. Para ello, proponen que se establezca el 24 de marzo, día del derecho a la verdad en relación con graves vulneraciones de Derechos Humanos, como fecha para recordar el caso Naparra.
