- La mayoría del Parlamento foral expuso este lunes su rechazo a la pretensión de Navarra Suma de que las intervenciones de los grupos en la Cámara tengan en cuenta su representatividad. Una propuesta que, en la práctica, supone recortar los tiempos de los partidos minoritarios, como reconoció el propio Javier Esparza. “No se pretende excluir a nadie; peor sí se busca cierta proporcionalidad, que es lógica”, defendió el portavoz de Navarra Suma.

Esparza señala que “no es lo mismo tener 20 parlamentarios que uno”, y puso como ejemplo el Congreso, donde las formaciones con menor presencia tienen más limitada su participación en los debates.

No comparte, sin embargo, esta visión Ramón Alzórriz (PSN), quien se opone a que Navarra Suma “pretenda recortar derechos a los grupos parlamentarios y obstaculizar, que no controlar, la labor del Gobierno”.

Por su parte, Uxue Barkos (Geroa Bai) admite que el tiempo de intervención vaya “acorde” a la representación “es una posibilidad”, pero la capacidad de todos de participar en los debates el algo “irrenunciable”.

Desde EH Bildu, Bakartxo Ruiz explicó que sus propuestas para modificar el Reglamento “van dirigidas a adecuar lo que dice la legislación vigente” y para “una Cámara más inclusiva, más democrática”, y no ve bien que se introduzcan iniciativas para “restar democracia”.

También Ainhoa Aznárez (Podemos) rechazó la propuesta de Navarra Suma. “Es una medida antidemocrática, que usurpa la capacidad de los grupos minoritarios”, y pidió que la reforma de la Cámara profundice en participación o en paridad, ya que “no se puede dejar una oportunidad para que la Mesa no sea paritaria”.

En la misma línea, Marisa de Simón (Izquierda-Ezkerra) cree que la propuesta de Navarra Suma evidencia que “está muy nerviosa y tiene un problema con la pluralidad del Parlamento que ha permitido despojarle del Gobierno; se está revolviendo”.

Además de limitar los tiempos a los minoritarios, la coalición que integran UPN, Ciudadanos y PP también plantea otros cambios en la ponencia constituida para adecuar el Reglamento de la Cámara, como invertir el orden de intervención de los grupos, para que la última palabra la tenga el mayoritario, o limitar las preguntas de los partidos que sostienen al Ejecutivo en las sesiones de control.

Son todas ellas modificaciones con remotas posibilidades de salir adelante. En cualquier caso, habrá que esperar previsiblemente al final de la legislatura para ver cómo queda el Reglamento, ya que los otros cinco grupos del Parlamento han solicitado numerosos informes jurídicos antes de abordar cambios en transparencia, lenguaje inclusivo, transfuguismo, administración electrónica, etc. En principio, la aplicación de cualquier novedad quedará para la siguiente legislatura y entre ellas está pendiente la obligación de los parlamentarios de hacer público su patrimonio.