Miembros de UPN crean una asociación que reinterpreta la memoria histórica

La nueva entidad lamenta el "olvido" de las víctimas del lado franquista y denuncia la utilización "sectaria" de los republicanos fusilados en 1936

23.05.2021 | 21:15
Román Luzán e Iñaki Iriarte, con el historiador Fernando del Rey, en la presentación de la asociación Memoria y Concordia.

Destacados miembros de UPN promueven una nueva asociación crítica con la gestión de la memoria histórica, y que reinterpreta el consenso mayoritario generado en los últimos años en torno a la represión franquista de 1936. El manifiesto fundacional de la nueva entidad denuncia el "olvido" de los fallecidos en el bando vencedor, a quienes equipara con las víctimas de la represión franquista pese a que en Navarra todos los fusilados fueron del lado republicano. Y censura la utilización "sectaria" de la memoria histórica para "descalificar a opciones políticas democráticas" desde una "pretendida superioridad moral".

La nueva entidad, denominada Memoria y Concordia, está presidida por el parlamentario de Navarra Suma, Iñaki Iriarte, y cuenta con el apoyo de la Comunión Tradicionalista Carlista (CTC), una organización política con vinculaciones franquistas que califica de "cruzada" el golpe militar de 1936, y que ha respaldado a la nueva asociación a través de sus canales de comunicación.

Iriarte ya se vio envuelto en la polémica tras participar junto con el también parlamentario de Navarra Suma, Patxi Pérez, y destacados miembros de la CTC en una comida en Leitza en homenaje Joaquín Muruzábal, primer requeté muerto en 1936, y en la que hubo alusiones a la "Cruzada de Liberación" y a "la sangre de los mártires".

El acto de presentación tuvo lugar el pasado miércoles en el Condestable de Pamplona, y contó con la presencia del expresidente de UPN en Pamplona, Ramón Luzán. En la cita también participó el historiador Fernando del Rey, que impartió una conferencia titulada "La Historia académica, antídoto contra la manipulación militante del pasado".

Del Rey es una de las voces más críticas con la Ley de Memoria Democrática que impulsa el Gobierno de España. Según el catedrático de catedrático de Historia Política de la Universidad Complutense de Madrid, "lo que pretenden hacer los descendientes de los republicanos, entre los que se encuentran al parecer Sánchez e Iglesias, mediante la memoria histórica o democrática, es aplicar la moviola y ganar la guerra civil, aunque sea de forma virtual y simbólica".

Los Principios


El manifiesto fundacional de Memoria y Concordia lamenta que "80 años después" de la guerra civil "sus secuelas siguen presentes en nuestro país". "Nuestro presente parece lastrado por aquellos años aciagos, como si fuéramos rehenes de los errores y el cainismo de los peores mementos de nuestra historia", apunta la asociación, que define el golpe de Estado como "la última de nuestras guerras civiles".

Sus promotores admiten que había "una deuda con la memoria de los vencidos" y reconocen el trabajo de quienes "han contribuido a dignificar el recuerdo de las víctimas de un conflicto fraticida, al tiempo que apelaban a la concordia y la reconciliación".

Consideran sin embargo que "los crímenes ocurridos durante la Guerra Civil y el franquismo han sido utilizados de forma sectaria, con el propósito de reavivar el enfrentamiento entre españoles, descalificar a opciones políticas democráticas, acusándolas de ser las herederas del franquismo, y conseguir para algunos proyectos políticos (a veces, abiertamente contrarios al sistema democrático creado en 1978) una posición de pretendida superioridad moral".

En ese sentido, critican que "durante los gobiernos democráticos" se ha producido "un olvido patente e injusto de los represaliados por las autoridades republicanas o por las milicias que actuaban en su territorio". "Se ha afirmado que dichas víctimas ya fueron reconocidas por el franquismo, pero ese reconocimiento no justifica el olvido sistemático por parte de unas instituciones democráticas que basan su legitimidad en la representación de todos los ciudadanos", argumenta ahora la asociación de Iriarte. En Navarra, las 3.452 víctimas de la represión, lo fueron a manos de los franquistas.

En este contexto, la asociación que preside Iriarte relativiza los hechos de 1936 y años posteriores, y reclama "nuevas formas de gestionar las políticas de la memoria". "Se necesitan políticas que, sin renunciar a investigar lo sucedido en toda su crudeza, sean también capaces de poner en perspectiva histórica unos hechos acaecidos hace ya demasiados años para que sigan tensionando de este modo el presente de España", afirma.

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