u oferta electoral no deja resquicio a la duda. "El Estado debe saber que su negativa a negociar un referéndum, si perdura en el tiempo, puede desembocar en una acción unilateral del independentismo". Incluida en un documento de 186 páginas, la advertencia está recogida hace solo cuatro meses en el último programa de Esquerra confeccionado para los comicios del 14-F. Ya anteriormente, en la ponencia política de 2019 con la que se propuso pilotar la hoja de ruta que precisamente ahora lidera, también daba fe de ello. "A pesar de que nuestra prioridad es la vía acordada, no podemos descartar nunca la vía de volver a hacerlo [el referéndum], si puede ser acompañados de complicidades internacionales, pero independientemente de la existencia del acuerdo con el Estado", dicen en un apartado de sus 40 páginas, donde los republicanos, eso sí, se cuidan de no emplear literalmente la expresión "declaración unilateral de independencia". La lectura es obvia.
Este propósito no choca con la estrategia en la que se ha adentrado, de buscar el diálogo, la negociación y el pacto con el Gobierno español para dar una solución al conflicto político en Catalunya, retomando la mesa de diálogo bilateral. Pero sí con el pronunciamiento mediante carta de su líder encarcelado, Oriol Junqueras, que ha convulsionado de nuevo las relaciones en el mundo independentista al desmarcarse de la unilateralidad y apostando por un referéndum acordado. "Otras vías no son viables ni deseables", señaló, al tiempo que ponía en duda la legitimidad de lo acontecido aquel octubre de 2017. "Debemos ser conscientes de que nuestra respuesta tampoco fue entendida como plenamente legítima por una parte de la sociedad, también de la catalana". Palabras que han conducido a JxCat, socio de Govern, a censurar que el líder de Esquerra y antiguo vicepresident busque "tutelar" el mandato de Pere Aragonès. Todo un recado después de que en estos últimos años se acusara a Carles Puigdemont de querer pilotar la Generalitat desde Waterloo.
Si uno echa la vista atrás a lo que sucedió hace poco más de tres años, horas antes de que el actual máximo dirigente de Junts proclamase la DUI -otra cosa es que luego no se aplicara en la práctica-, se encuentra con las presiones recibidas desde Esquerra para que Puigdemont no se decidiera a convocar elecciones, opción que manejaba. Es más, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, lo acusó de que estaba a punto de erigirse en una especie de Judas con el siguiente mensaje en Twitter: "155 monedas de plata". Además, no son pocas las voces que evocan cómo la entonces secretaria general de Esquerra, Marta Rovira, hoy en día también exiliada, jugó un papel clave movilizando a su partido, militantes de ANC y Òmnium Cultural y universitarios afines para que presionaran a Puigdemont y le hicieran cambiar de opinión, pues estaba dispuesto a llamar a las urnas para evitar la aplicación del 155, tras la mediación realizada por otros dirigentes políticos.
El caso es que, en los estatutos que deberían regir su tránsito, ERC deja claro que cree que la posibilidad más plausible es la de obligar al Estado español a negociar y que se avenga a hacer una consulta: "Como sabemos que por propia voluntad no pasará, tenemos que poder forzar al Estado a moverse de las posiciones intransigentes y poco democráticas". ¿Cómo se hace eso? Según la dirección republicana, con "movilización constante", pero sobre todo con "acciones de desobediencia civil y de lucha no violenta, el fortalecimiento de las instituciones catalanas y el avance reiterado en las urnas, la generación de grandes consensos, y las complicidades y avales internacionales". Consideraba en ese instante que el independentismo debía trabajar para superar el 50% de los votos en todas las citas electorales a las que se presente. Objetivo conseguido. De ahí que tanto Junts como la CUP le emplacen a conformar una estrategia conjunta a través de los mecanismos establecidos y pactados en el último acuerdo que posibilitó la investidura de Aragonès.
La unilateralidad no quedó desbancada en el programa electoral antes citado, si bien ERC detallaba que esta vía exigiría un respaldo muy mayoritario y que dependería de la acumulación de apoyos tanto electorales como de otros ámbitos. Otra cosa es que el actual president ya expresaba en campaña que, por encima de la senda unilateral, la amnistía y la autodeterminación son los grandes consensos de la población catalana. En dicha oferta a los votantes mantenía el referéndum pactado como "el mejor escenario, la opción que genera más garantías y reconocimiento internacional inmediato", por lo que lo situaba como el escenario prioritario pero no el único. Todo ello dentro de lo que denominaba la "vía amplia". "Sabemos que solo hay una manera de ganar: trabajar para ser más, para ser más fuertes, para construir grandes mayorías que hagan todavía más inapelable e imbatible nuestro proyecto y prepararnos mejor en todos y cada uno de los ámbitos para volver y ganar de manera definitiva", rezaba el documento electoral.
La idea de la unilateralidad no ofrece discusión en la propuesta de Junts, concretamente en la página 45 de su ponencia política, aprobada en el congreso fundacional del partido. También se defiende (en la página 43) que el partido de Puigdemont asume "la confrontación con el Estado español utilizando la desobediencia civil y la no cooperación de manera democrática" como estrategia para "lograr la plena efectividad de la independencia de Catalunya". El texto del documento también sostiene que la confrontación debe ser compatible con "forzar un diálogo y una negociación con el Estado -que desemboque en un eventual referéndum acordado- o con lograr la independencia al margen de toda negociación".
Paralelamente, también la CUP se guarda el as de la unilateralidad en su última propuesta a la militancia. Los anticapitalistas argumentan que un referéndum para resolver el conflicto solo puede ser posible por dos vías: una negociación con el Estado que incluya el reconocimiento de Catalunya como nación, el derecho a la autodeterminación y permitir un referéndum; o ejercer la autodeterminación "mediante una ruptura democrática unilateral, que propicie el escenario resolutivo internacional incluyendo el referéndum, forzando al Estado español a tenerlo que asumir". Consideran los antisistema que para alcanzar ambos escenarios "hay que reforzar la "confrontación, la autotutela de derechos colectivos, la disputa de la soberanía con el Estado y el capital, y la ruptura democrática". Para ello proponían aumentar la movilización y la desobediencia civil, la municipalización de servicios públicos esenciales, así como hacer leyes "de soberanía y control público sobre el territorio" en defensa de derechos sociales más allá de la Constitución y el Estatut. En el documento, la CUP hace énfasis en la necesidad de internacionalizar el conflicto catalán a través de la movilización sostenida.
La carta de Junqueras apunta a ser un guiño dentro del intercambio de gestos entre los dos gobiernos con los indultos de los presos soberanistas en ciernes. Pero genera confusión en cuanto al carril por el que se moverá Esquerra y cómo repercutirá en la agenda del independentismo.
Su hoja de ruta política es clara: "A pesar de que nuestra prioridad es la vía acordada, no podemos descartar nunca la vía de volver a hacerlo"
En su programa detallaba que la unilateralidad exigiría un respaldo muy mayoritario y la acumulación de apoyos electorales y de otros ámbitos
