Podemos elevó ayer el tono contra el Poder Judicial y no dudó en dibujar una Justicia española "secuestrada por la derecha" y que se ha convertido en "un problema central de la democracia". Así lo expresó la portavoz estatal de la formación morada, Isa Serra, que evidenció de esta manera el creciente enfado de los partidos que conforman el Gobierno con las decisiones de los jueces.

Todo ello al hilo del fallo sobre el primer estado de alarma, declarado inconstitucional por un TC muy dividido en el que se ha impuesto la corriente conservadora. Esta decisión ha supuesto un serio varapalo para el Ejecutivo de coalición y, entre otras cuestiones, ha provocado que decaigan miles de multas interpuestas durante el confinamiento de 2020.

Más allá de este fallo, es cada día más evidente la guerra entre el Poder Ejecutivo y el Judicial que, según las dos formaciones que conforman el Gobierno de Sánchez, está en manos de un sector de magistrados conservadores que tratan de desestabilizar las acciones de Moncloa.

Ayer en Podemos no escatimaron en críticas y describieron a un sistema judicial "secuestrado" por la derecha con el objetivo de hacer oposición al Gobierno español.

En ese sentido, Serra enfatizó que su formación lleva tiempo apelando a que la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Constitucional es "muy importante" y debe producirse sin más dilación, ya que el PP y Vox -quien presentó el recurso de inconstitucionalidad del primer estado de alarma- están "utilizando" estas instancias judiciales "como ariete" para desgastar al Ejecutivo de coalición.

Por todo ello, la portavoz estatal de los morados se dirigió expresamente al PP y le pidió que deje de "bloquear" la reforma de estos órganos judiciales. "Es necesario hablar ya de su renovación", añadió Serra.

Por último, Serra se refirió también a la actitud del partido de Santiago Abascal, parte recurrente ante el Tribunal Constitucional, y calificó de "alucinante" el "cinismo" de la formación de ultraderecha, ya que apoyó en el Congreso de los Diputado el decreto del primer estado de alarma para después denunciarlo ante la Justicia.

Por su parte, los seis magistrados del Constitucional que apoyaron el fallo argumentan en la sentencia que el instrumento jurídico a aplicar debería haber sido el estado de excepción atendiendo a la "gravedad y extensión" de la pandemia, que imposibilitó de facto un normal funcionamiento de las instituciones democráticas mientras que los ciudadanos vieron afectado el normal ejercicio de los derechos, saturados los servicios sanitarios y afectadas las actividades educativas "y las de casi cualquier otra naturaleza".

Así, estos seis jueces llegan a calificar lo ocurrido de "vaciamiento" de derechos. Es precisamente este nivel alto de restricción de derechos el punto en el que pivota toda la sentencia y choca con la visión de los cinco magistrados discrepantes y adscritos al sector progresista del TC.

Estos razonaron durante las deliberaciones, y así lo argumentarán en sus votos particulares, que dadas las excepciones que contenía el propio decreto de estado de alarma sólo debería hablarse de limitación de derechos y por lo tanto no se habría excedido lo que la ley contempla para el estado de alarma, que además cita expresamente las pandemias como posible escenario para aplicar esta figura jurídica.

La sentencia, que se notificará en los próximos días, afecta principalmente a las medidas que dieron lugar a las restricciones en la circulación de personas y vehículos en espacios y vías públicas que fijaba la norma, así como a la capacidad del Ministerio de Sanidad para modificar y ampliar las medidas de contención en la actividad comercial.