Anaïs Franquesa (Vilafranca del Penedès, 1983) considera que el Ministerio del Interior encarna “seguramente la cara más cruda del Estado, porque los cuerpos policiales son los que tienen el monopolio de la violencia y el uso de la fuerza”.

Si le pregunto por este Ministerio, ¿qué le viene a la cabeza?

-Me viene la impunidad. La relación directa que hemos tenido con Interior ha sido más bien por la investigación del 1 de octubre, y después durante la covid, porque Iridia participó junto con otras organizaciones en una red de monitoreo de la situación. Las respuestas que siempre hemos recibido han sido de negación, de que siempre se había actuado correctamente, sin investigar conductas que podrían ser constitutivas de delito.

El actual titular de la cartera, Grande-Marlaska, viene del ámbito judicial y acumula denuncias de aquella etapa.

-La palabra impunidad creo que se refleja muy bien con su figura. Hay un total de 12 condenas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra España por no investigar torturas, y 6 tienen que ver con el papel que el actual ministro de Interior realizó cuando era juez de Instrucción en la Audiencia Nacional, en la que le aparecían detenidos con claros signos de violencia, de haber sido maltratados, y no se iniciaban investigaciones. Eso ya de por sí nos indica que tenemos un problema.

Cosa que solo ha levantado ampollas en ámbitos muy concretos de la opinión pública.

-Este punto es clave. En Catalunya se ha hecho un trabajo muy fuerte en derechos humanos, para cuestionar la violencia policial y ahora vemos que cuando hay un caso es automáticamente noticia y genera un problema en la agenda del conseller. Eso en el Estado español no pasa, al menos al mismo nivel. Seguramente ese es uno de los motivos por los cuales haya más impunidad. Cuando una sociedad está despierta y no tolera, los representantes públicos se acaban moviendo, incluso también la Administración de Justicia y otros estamentos de la sociedad. En el resto del Estado, por lo que nosotros trabajamos, igual no llega el mensaje a la sociedad, no hay tanta conciencia de que eso suceda, y cuando sucede va envuelto en una criminalización de la víctima.

La pervivencia de la ‘Ley Mordaza’ también es indicativa al respecto.

-Sí, la oposición a esta ley y a las reformas del Código Penal fue leve y minoritaria. Por eso el papel de los medios es importante, porque cuando determinadas cuestiones no se perciben como un problema, la movilización es casi imposible.

Y la de la Ley de Secretos Oficiales, cuando una democracia requiere tener información, conocimiento e igualdad de trato.

-Esta Ley es el ejemplo de todo lo que estamos diciendo sobre la impunidad, la violencia policial y determinado marco conceptual. Obviamente viene de una Transición mal hecha. Se puede entender que en ese momento se hiciera así, pero no que cuarenta y pico años después sigamos así. Eso es absolutamente intolerable. De esos polvos estos lodos. Hubo una línea de continuidad en todas las instituciones tanto judiciales como policiales o funcionariales de la dictadura a la democracia. El paso del Tribunal de Orden Público a la Audiencia Nacional es un ejemplo muy claro, pero tampoco a nivel policial se han investigado judicialmente los crímenes cometidos durante el franquismo. La Ley de Secretos es un elemento muy importante ahí.

Con este panorama, pensar en una reforma sensible de este Ministerio parece un ejercicio condenado a la impotencia.

-Tenemos la obligación de pensar que sí que es posible. Yo lo creo así, pero solo será factible si la sociedad quiere que lo sea. Y ahí tenemos una tarea importante organizaciones de derechos humanos, movimientos sociales o medios de comunicación, de presionar para poner en la agenda pública estas cuestiones. Mientras no estén, no habrá reforma posible.

“Cuando determinadas cuestiones no se perciben como un problema, la movilización es casi imposible”