ingún imperio dura 1.000 años, ni se acaba hundiendo por una sola circunstancia. Tampoco el Gobierno regionalista que durante dos décadas lideró Navarra con la arrogancia de quien se considera única autoridad legitimada para gobernar. Pero resulta evidente, más si cabe con la perspectiva del tiempo, que aquel 9 de octubre de 2011 supuso un punto de inflexión que aceleró la caída de todo un régimen.

La publicación del abusivo cobro de sobresueldos en Caja Navarra fue el detonante de un malestar social latente hasta entonces que el Gobierno de Miguel Sanz, primero, y el de Yolanda Barcina después, habían logrado contener por la vía de la inercia. Pero que resultó ya incontrolable en medio de los continuos recortes sociales y la inestabilidad de un Gabinete aislado en su minoría parlamentaria.

La voluntad de cambio de la sociedad navarra era mayoritaria desde hacía varios años. Las elecciones autonómicas de 2007 ya habían evidenciado una clara mayoría alternativa. No hubo cambio porque el PSOE, presionado por una derecha movilizada en la calle y debilitado por la ruptura de la tregua de ETA, lo impidió en el ya famoso agostazo. Pero los mimbres estaban ahí.

No lo quisieron leer ni UPN ni, por supuesto, el PSN, que entablaron una nueva alianza auspiciada por Miguel Sanz y José Blanco en una reunión en Madrid. Aquella cita -destapada también por este periódico- pretendía sentar las bases de una alianza socioregionalista de largo recorrido. UPN rompería con el PP y el PSN daría apoyo al Gobierno preparando el terreno para un Ejecutivo de coalición. Incluso CDN, expulsado del Palacio de Navarra poco después, sobraba en aquella operación.

Lo explicaría a su manera el propio Sanz en lo que se ha conocido como la teoría del quesito. Como UPN no puede alcanzar en solitario la mayoría absoluta en una sociedad con un 30% de voto nacionalista, para garantizarse el poder necesita acomodar al PSN en el Gobierno. Es el legado soñado de Sanz, que aprovecha su última legislatura (2007-2011) para cohesionar a socialistas y regionalistas en torno a grandes infraestructuras financiadas con deuda pública.

Pero la operación no sale bien. En la calle crece un paulatino malestar con una coyuntura política, social y económica marcada por la primera parte de la crisis. En aquellas elecciones UPN pierde el 20% de sus votos -buena parte de ellos se van al PP-, y el PSN el 30%. Pese a todo, ambos partidos deciden mantener la hoja de ruta y gobernar en coalición. La inercia se agota.

Los problemas del nuevo Gobierno afloran desde el principio. Yolanda Barcina y Roberto Jiménez, responsables de gestionar una estrategia que no habían diseñado, muestran públicamente sus discrepancias en la misma presentación del acuerdo de coalición. La falta de confianza es evidente, pero aumenta cuando, a la vuelta de verano, el consejero de Economía, Álvaro Miranda, informa al Consejo de Gobierno de que el crédito de la deuda se ha acabado. Vienen tiempos duros, y hay que recortar.

Es en ese contexto, tan solo diez días después aprobar el mayor ajuste presupuestario de la historia de Navarra, es cuando DIARIO DE NOTICIAS publica la noticia que marcará la legislatura. "Barcina, Sanz, Miranda y Maya cobran doble dieta de Caja Navarra gracias a un órgano opaco". En medio de una crisis financiera provocada por la codicia desmedida de la banca y con la clase política mostrando síntomas de desconexión con los problemas reales de la calle, el escándalo es mayúsculo.

De nada sirven las excusas del principio ni la renuncia a las dietas anunciada cuatro días después. La historia crece por sí misma desde entonces, amplificada por los errores propios del Gobierno, que decide subirse el sueldo en plena campaña electoral. Y amplificada con nuevos datos aportados también por otros medios de comunicación, que acaban destapando en su totalidad un sistema diseñado para aumentar la nómina de los miembros del Gobierno mediante el cobro de sobresueldos abusivos.

La polémica tuvo consecuencias importantes. Algunas fueron inmediatas, como la pérdida por parte de UPN de un escaño en el Congreso en favor de Geroa Bai que será clave para consolidar el proyecto de Uxue Barkos. Otras estallarían varios meses después a raíz de las denuncias interpuestas por Kontuz! y UPyD, y que darían paso a un proceso judicial finalmente archivado por el Tribunal Supremo, paralelo a la desintegración de Caja Navarra en Banca Cívica, primero, y CaixaBank, después.

No fue el único hecho determinante en aquella legislatura. La intensidad de la crisis, la dureza de los recortes o la ruptura del pacto entre UPN y PSN dejaron al Gobierno de Barcina a la deriva de polémica en polémica. El final de ETA y la irrupción fulgurante de Podemos, por su parte, hicieron viable una mayoría social de cambio progresista y regeneración democrática hasta entonces inédita en Navarra. Es posible que las consecuencias políticas del escándalo de las dietas se hubieran precipitado igualmente antes o después. Pero hubiera sido mucho más difícil sin un trabajo periodístico que forma parte ya de la historia reciente de Navarra.

Es posible que el relevo en

el Gobierno hubiera llegado de todas formas, pero hubiera sido más difícil sin el escándalo de las dietas

La intensa crónica periodística de aquellos días forma parte ya de la historia reciente de Navarra