La consejera de Economía y Hacienda, Elma Saiz, se vio este jueves en la obligación de tomar la palabra al final del pleno del Parlamento para anunciar que retiraba la reforma de la Ley del Convenio, al comprobar que no tenía votos suficientes para sacar adelante la modificación de una norma que precisa de mayoría absoluta (al menos 26 votos) para su aprobación.

Fue el colofón a un fracaso mayúsculo, mascado por capítulos con cierta indolencia, y que se veía venir desde que el jueves de la semana pasada la titular de Hacienda del Gobierno de Navarra citó a los grupos parlamentarios para dar cuenta de una negociación previamente cerrada con el Estado.

Después de revisar el contenido del acuerdo, Geroa Bai (9 votos) y EH Bildu (7) adelantaron que no iban a dar su respaldo a renovar una ley para dejar al Parlamento sin capacidad de decidir el índice de imputación por el que Navarra paga al Estado por los gastos que suponen las competencias que no tiene transferidas. Desde 1990, este índice está en el 1,6% y en él se incluye la cuota de solidaridad con la que contribuye la Comunidad Foral al Estado por disponer de una economía superior a la media. No se trata de una cuestión menor, porque subir una sola décima en este índice supone abonar varios millones más, como se encargó de recordar Adolfo Araiz (EH Bildu), y porque, como subrayó Uxue Barkos (Geroa Bai) es la decisión más política de todo lo recogidos en la Ley del Convenio.

En definitiva, sin apoyo de las dos fuerzas nacionalistas, el PSN (11 votos) necesitaba imperiosamente el apoyo de Navarra Suma (20 escaños), ya que el respaldo de Podemos (2) e Izquierda-Ezkerra (1) tenía el peso político de añadir dos siglas a la causa, pero no alteraba en absoluto el sentido de la votación.

Pese a su minoría parlamentaria, el Gobierno decidió mantener en el último punto del orden del día del pleno la modificación del Convenio Económico entre el Estado y Navarra.

La tensión en el Parlamento se dejó sentir en la bancada socialista desde primera hora de la mañana. Lo que estaba llamado a ser un gran día, con la aprobación de los terceros Presupuestos de la legislatura y de la reforma fiscal, terminó por transformarse en la derrota más dura para el Gobierno desde que María Chivite es presidenta. Una derrota personalizada en Elma Saiz por su falta de tacto para asegurarse los consensos imprescindibles y fiar la suerte de esta reforma al grupo de la oposición.

Es verdad que Navarra Suma dio la sensación de que salvaría los muebles de Saiz con su apoyo. De hecho, su portavoz, Javier Esparza, intervino en el turno a favor. Lo hizo, no obstante, con un discurso calculadamente ambiguo que mantuvo la incertidumbre hasta el final, si bien dio la sensación de que cambió de opinión en el último momento.

Para entonces, Saiz se había esforzado en destacar las bondades que tenía esta actualización, que iba a permitir a Navarra, entre otras cosas, “recaudar nuevos impuestos y aumentar determinadas competencias en inspección y control tributario”. Pero no convenció a nadie.

Tres nuevos impuestos. Con la reforma, Navarra iba a asumir la recaudación de tres nuevos impuestos: el impuesto sobre Transacciones Financieras (Tasa Tobin), el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales (Tasa Google) y el IVA sobre el comercio electrónico (IVA OSS). Además, el acuerdo con el Estado recogía mejoras en la gestión e inspección de la Hacienda Foral y en la coordinación entre administraciones tributarias. De momento no se ha hecho una estimación económica del impacto que tendrá en la Hacienda Foral.

Cifra relativa. Se elevaba de 7 a 10 millones el umbral de volumen de operaciones a partir del cual las empresas deberían tributar en cifra relativa. Además, se atribuía a Navarra la competencia sobre contribuyentes que, teniendo su domicilio fiscal fuera, hubieran realizado en Navarra el 75% de su volumen de operaciones.

Aportación. La actualización de la ley sentaba las bases para un acuerdo sobre la aportación anual para el quinquenio 2019-2024.