- El Parlamento retomó ayer su actividad ordinaria en el nuevo año como acabó el anterior, a vueltas con la reforma el Convenio Económico y la falta de acuerdo para garantizar su aprobación entre los socios que apoyan al Gobierno. Unos y otros mostraron ayer su disposición a llegar a un punto de encuentro que permita sacar adelante una votación aplazada en la última sesión plenaria del año, pero de momento las posiciones siguen lejanas y tirantes.

Geroa Bai y EH Bildu han registrado sendas preguntas parlamentarias para el pleno del próximo jueves. Los dos socios del PSN reclaman al Gobierno que corrija la redacción del texto pactado con el Ministerio de Hacienda para que siga siendo el Parlamento, y no una comisión técnica formada por ambos ejecutivos, quien tenga la potestad de fijar el índice de aportación, esto es, el porcentaje que paga Navarra al Estado por las competencias no transferidas, actualmente en el 1,6% de todo el gasto nacional.

El tema tiene su miga. Afecta a la base del autogobierno, a la autonomía fiscal y a la capacidad legislativa del Parlamento. Pero tensiona también las relaciones dentro del propio Gobierno, en especial con el departamento de Hacienda, que considera que la negociación con el Estado es competencia suya y no está muy por la labor de corregir nada.

Así que las posturas siguen más o menos donde estaban el pasado 23 de diciembre, sin que durante este tiempo haya habido contacto alguno entre el departamento de Hacienda y sus socios parlamentarios. Por lo que el Convenio sigue sin actualización, la aportación anual al Estado sin determinar y las competencias pendientes, pues eso, pendientes y sin fecha. Y el ambiente entre los socios enrarecido.

"Podemos llegar a un acuerdo", confió ayer Uxue Barkos, que consideró sin embargo que para eso hará falta "especial ahínco" en la negociación entre los socios del Gobierno y, también, el resto de grupos parlamentarios. No obstante, la portavoz de Geroa Bai reiteró su posición del pasado día 23: la redacción actual elimina competencias al Parlamento y debe ser subsanada. "Es un asunto de enorme envergadura. Hablamos de uno de los pilares básicos de la acción política del Parlamento y de la defensa de la gestión política por parte del Gobierno", remarcó Barkos, que instó a Hacienda a cambiar la redacción y aprobar la reforma por "unanimidad".

En similar posición está EH Bildu, cuyo voto también es indispensable para aprobar la reforma si no la apoya Navarra Suma. "No nos satisface la posición de la consejera, que por lo que hemos visto se mantiene en los mismos argumentos que defendió en el pleno. Y si es así la reforma no saldrá con nuestro apoyo", apuntó Adolfo Araiz, que insistió en que el índice de imputación no puede estar solo en manos de la Comisión Coordinadora.

Así que al Gobierno le va a tocar gestionar con más mano izquierda este asunto si no quiere que se le complique más de lo esperado. "Si hay que seguir dialogando, negociando, acordando en algo que es bueno y beneficioso para Navarra, por parte del Gobierno no será", defendió ayer Ramón Alzórriz, que pidió al resto de grupos que "se pongan el traje de navarros y navarras" y tengan "altura de miras".

El portavoz socialista trató de rebajar así el fondo de la polémica, poniendo en valor los acuerdos alcanzados recientemente por la mayoría parlamentaria, incluidos los presupuestos. Pero no hay aclaró si esa voluntad de diálogo es una cuestión de formas, o también de fondo. "Ya se verá si es cuestión de modificar o no ley", se limitó a señalar.

Hay por lo tanto margen, tiempo y voluntad para cerrar un acuerdo que exige también el visto bueno del Ministerio de Hacienda. Queda por ver en qué términos se concreta, y si las diferencias entre los socios quedan aquí o salpican el resto de cuestiones pendientes de aprobar. La Ley de Cambio Climático, el plan estratégico del euskera o la comisión para la reparación de las otras víctimas de la violencia esperan a la vuelta de la esquina. "El pentapartito cada día va a estar más tensionado. Todos piensan ya en clave electoral", vaticina ayer Javier Esparza, cuyo voto en esta cuestión puede acabar siendo determinante.

Convenio Económico. Es la ley que regula la autonomía financiera de Navarra. La Comunidad Foral recauda sus propios impuestos y luego paga una parte al Estado por aquellas competencias que no tiene transferidas. Ahí se incluyen los intereses de la deuda pública, las prestaciones sociales o el pago al presupuesto de la UE.

Índice de imputación. Es la parte que Navarra paga al Estado y se determina en base al índice de imputación. Está fijado en el 1,6%. Eso supone que la Comunidad Foral paga 1,6 euros por cada 100 que gasta el Gobierno central.

La reforma. Navarra y el Estado han pactado una reforma de la ley que incluye tres nuevos impuestos y una mejora en los ajustes por IVA.

La polémica. La reforma deja en manos de la Comisión Coordinadora, compuesta por el Ministerio y la consejería de Hacienda, la potestad para cambiar el índice de imputación del 1,6%. Actualmente lo debe aprobar el Parlamento.

"Debemos ponernos

el traje de navarros y navarras para aprobar algo que es bueno"

Portavoz del PSN

"Hay margen para llegar a un acuerdo desde la defensa firme del autogobierno"

Portavoz de Geroa Bai

"Si la consejera mantiene los mismos argumentos que en el pleno, no tendrá nuestro apoyo"

Portavoz de EH Bildu