- El desencuentro que la reforma laboral ha causado entre los partidos que hace poco más de dos años posibilitaron la investidura Pedro Sánchez no amenaza la legislatura. Al menos así lo dicen de puertas hacia afuera todos sus protagonistas. Algunos incluso van más lejos y hablan de reconstruir lo antes posible la confianza entre las fuerzas de izquierdas que recientemente aprobaron los Presupuestos del Estado para este año.
Pese al duro cruce de reproches vivido este jueves en el Congreso, en especial entre la ministra Yolanda Díaz y ERC, el pleno del cuestionado decreto laboral deja la sensación de que lo sucedido ni supone un giro en la legislatura, ni amenaza la estabilidad del Gobierno por el hecho de haberlo acordado con actores que, como Ciudadanos y UPN, acostumbran a estar en la oposición junto a PP y Vox.
"Mañana seguiremos hablando", proclamó Gabriel Rufián desde la tribuna de oradores, porque ERC es "consciente de cuál es la alternativa" al actual Gobierno. Términos muy parecidos a los empleados por el ayer portavoz de EH Bildu, Oskar Matute, quien prometió que su grupo hará todo lo posible para cerrar el paso a la derecha.
Por su parte el PNV, que intentó hasta el último momento que el Gobierno se aviniera a atender alguna de sus reclamaciones en el terreno laboral, como la prevalencia de los convenios autonómicos sobre los estatales, afeó al Ejecutivo que haya impuesto su reforma laboral sin dar la posibilidad de introducir cambios.
"Se ha producido un bache", admitieron en Unidas Podemos, donde también confían en reconducir los lazos con sus habituales socios para dar salida a la agenda legislativa.
La formación morada alude a planes de claro perfil progresista, donde la vía de la geometría variable con formaciones como Ciudadanos no será posible. Entre los proyectos normativos pendientes se encuentran la Ley del Sí es sí, la derogación de la Ley Mordaza, la normativa de Memoria Democrática, la Ley Trans-LGTBi y otras iniciativas de calado, como el impulso de acometer una reforma fiscal este año, una prioridad para el partido de Ione Belarra, en la segunda parte del mandato.
En los corrillos de los pasillos del Congreso, fuentes del Ejecutivo se desgañitaban en asegurar que la "mayoría progresista" continúa y se van a seguir aprobando leyes en el futuro, agradeciendo de soslayo el respaldo del partido de Inés Arrimadas. "Nos quedan dos años para transformar este país y lo vamos a hacer con nuestros socios de siempre", recalcaba la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, que incidía en que la relación con los socios es buena. "Hay veces que votan con nosotros y otras que no, pero lo importante es que todo lo que el Gobierno trae al Congreso de los Diputados sale adelante", puntualizaba la socialista.
Al margen de las formaciones vascas, Esquerra señaló al Gobierno, que "queda retratado", y sobre todo a Díaz. Joan Baldoví, de Compromís, tampoco auguró rupturas.
Desde Podemos reconocían su decepción con la postura de aliados habituales, especialmente con los republicanos catalanes, pues no entienden su negativa cuando una parte relevante de sus bases proceden del sindicalismo que avaló el pacto del diálogo social. La sensación es que han primado una pulsión partidista de tratar de erosionar a la ministra de Trabajo. Con todo, desde el espacio confederal creen que la aritmética parlamentaria es clara y de claro cariz progresista, por lo que habrá que volver a hablar, a colaborar con responsabilidad.
A nadie se le escapa que lo acontecido este jueves supone una mayoría incómoda para los morados, y no tanto para Sánchez, que se ancla en el centro y puede haber desactivado en cierta manera a Díaz. Lo único constatable es que la dinámica de bloques queda alterada, con sensación de desgarro, aunque, por el momento, la legislatura no parezca caminar hacia su capitulación.
