El Consejo de Navarra cuestiona la legalidad de la ley que busca garantizar los puestos de trabajo al profesorado de religión. El órgano consultivo alerta de que la reforma planteada por Navarra Suma, y que cuenta con el apoyo de Geroa Bai, invade la capacidad del Gobierno foral para regular jornadas y horarios de los docentes que imparten la materia. Recomienda por ello corregir el texto para garantizar su viabilidad jurídica.

El informe llega no obstante con dos votos particulares, que interpretan que la norma, tal y como está, entra dentro del marco competencial de Navarra y es acorde con el ordenamiento jurídico. No obstante, tanto Navarra Suma como Geroa Bai analizan el texto del Consejo para buscar una nueva redacción que disipe las dudas jurídicas. Es posible que ambos grupos presenten este jueves, de forma conjunta o separada, una enmienda a la ley para aprobarla en los términos que fija su análisis el Consejo.

El origen de la ley

Aprovechando el marco legal que ofrece la última Ley de Educación estatal, la LOMCE, el Gobierno de Navarra tiene previsto reducir de forma progresiva de dos a una las horas de religión a partir del próximo curso. De esta forma, la plantilla actual de 145 docentes se irá reduciendo a 116 el próximo curso y 89 el siguiente. Se trata de personal laboral contratado por el Gobierno, con contrato indefinido, pero seleccionado por el Arzobispado.

Para evitar que esta reducción de horas implique despido de personal, en algunos casos con muchos años de ejercicio, Navarra Suma ha presentado una ley para garantizarles la plaza. Cuenta para ello con el respaldo de Geroa Bai, que ante la falta de solución alternativa por parte de Educación ha mostrado su apoyo.

Sin horas lectivas que impartir, estos docentes deberán destinar toda o parte de su jornada a otras labores en el ámbito escolar y educativo. Algo a lo que se oponen el Gobierno y el resto de socios parlamentarios, que consideran la ley un agravio respecto al profesorado interino. Su implantación supondría además un coste anual de 2,5 millones.

Los argumentos del Consejo de Navarra

El PSN e Izquierda-Ezkerra habían reclamado al Consejo de Navarra un estudio sobre la legalidad de la ley. Y aunque el informe desestima buena parte de los argumentos que cuestionaban la viabilidad jurídica de la ley, sí atiende uno de ellos.

El análisis de la mayoría del Consejo -dos de los cinco votos avalan íntegramente la ley- concluye que el Parlamento tiene competencias para reforzar la estabilidad de los profesores de religión garantizándoles una permanencia no condicionada a las necesidades docentes y a la planificación de los centros educativos públicos. Siempre que ello "no suponga introducir una alteración de la regulación del régimen laboral de los profesores de religión".

Recuerda además que la última reforma laboral impide la "extinción de los contratos estables de los profesores de religión por la pérdida o reducción de la carga lectiva, ya sea por la vía del procedimiento de regulación de empleo o del despido objetivo". Y evita, porque no lo considera de su competencia, valorar si la decisión de estabilizar docentes sin materia específica contraviene "los principios de eficacia y eficiencia de la Administración". Un argumento que había esgrimido el Gobierno para advertir de posibles "responsabilidades patrimoniales para autoridades y funcionarios" que apliquen la ley.

El Consejo, sin embargo, sí ve un problema legal la garantía de estabilidad laboral "en los términos en los que actualmente se encuentra redactada". "Podría suponer una congelación de los profesores de religión con contrato indefinido en su actual puesto de trabajo, jornada y destino, sin posibilidad por parte de la Administración educativa de modificar dichas condiciones", algo que podría ser contrario al art. 4.2. del Real Decreto 696/2007. "Y todo ello, sin perjuicio de que supondría, además, un blindaje frente a la nueva LOMLOE, en tanto que impediría llevar a cabo ningún proceso de revisión del peso actualmente otorgado a la enseñanza de la religión en los centros públicos", apunta.

En consecuencia, recomienda a los promotores de la ley que, "a fin de posibilitar un juicio favorable de constitucionalidad de la Proposición, deberá revisarse el artículo único del texto". Garantizando a la Administración educativa la capacidad para "determinar las modificaciones que por razón de la planificación educativa, deban producirse respecto de la jornada de trabajo y/o centro reflejados en contrato".

Posible Enmienda a ley

Es en este escenario en el que se somete a votación la ley, a expensas de lo que ahora puedan hacer Navarra Suma y Geroa Bai. Ambos grupos han analizado el informe del Consejo de Navarra, y es posible que registren una enmienda para evitar posibles dudas jurídicas en el futuro. "Analizado el dictamen y sus dos votos particulares, nos reafirmamos en que la proposición de ley para el mantenimiento de los puestos de trabajo del profesorado de religión es conforme a nuestras competencias. Así lo vamos a defender mañana en el pleno", defiende Navarra Suma. Así que todo queda en la posición que pueda tomar Geroa Bai, que por ahora no ha avanzado el sentido final de su voto.