PAMPLONa - La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Navarra ha confirmado una condena por un delito leve de estafa de 400 euros a cada uno de los tres acusados de hacerse pasar por técnicos del gas de la empresa Repsol y que efectuaron revisiones y cambiaron piezas de la instalación a un vecino de Murchante y a otro de Castejón. La Audiencia confirma así la condena impuesta por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Tudela. El 8 de enero de 2018, los tres se personaron en un domicilio de Murchante y con la excusa de hacerle una supuesta revisión oficial le cobraron 232,22 euros al dueño. Igualmente, ese día se desplazaron a otra casa en Castejón, donde tras hacerse pasar por empleados de Repsol, facturaron a un vecino 167 euros por el cambio de regulador de la bombona.

Los condenados recurrieron la sentencia y alegaron que pertenecían a una empresa habilitada por la consejería de Industria de Catalunya y que “sin necesidad de inducir a error a los denunciantes, quedando dicho extremo justificado por las facturas expedidas a favor de los denunciantes, y en los presupuestos en los que mostraron su conformidad para su mantenimiento y revisión, no constan que sus trabajos fueran inútiles ni que les cambiasen elementos que no fueran defectuosos o caducados”. Por ello dicen que “no existió perjuicio alguno para los usuarios”.

Sin embargo, la Audiencia confirma el fallo, ya que los denunciados carecen de vinculación con Repsol, a pesar de que se identificaron como empleados de esta con una tarjeta colgada al cuello. El tribunal señaló que se personaron en los domicilios “manifestándoles la necesidad de realizar la revisión de gas, sin que conste que fallara ningún elemento de la instalación, ni que hubiese transcurrido el periodo de caducidad de cinco años desde la anterior revisión, cambiando distintos elementos de su instalación, y cobrando las cantidades que se ha señalado como indemnización de perjuicios”.

Para la Sala, “hubo un engaño relevante, ya que aunque la empresa en la que figuran dados de alta los acusados esté legalizada, no consta ni su cualificación profesional ni la autorización para realizar las revisiones en los pueblos de Navarra, engañando a los usuarios haciéndoles creer que era necesaria la revisión y sustituyendo piezas que no consta que estuvieran defectuosas”. Por tanto, originaron “como consecuencia del error un desplazamiento patrimonial con el consiguiente lucro de los acusados”.