pamplona - La presidenta del Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de Navarra (Cermin), Mari Luz Sanz, afirmó ayer en una sesión de trabajo parlamentaria, donde compareció a petición de todos los grupos, que la ley foral para actuar contra la violencia hacia las mujeres es un avance para el colectivo de mujeres con discapacidad pero que “hay algunas cosas que se han quedado fuera”.

Aunque se mostrara crítica en relación a la cantidad de acciones desarrolladas, reconoció el trabajo realizado desde el INAI. “Igual nos parecen pocas las acciones pero entendemos que no podemos pasar de 0 a 100 en un año. A veces se hace lo que se puede y no lo que se quiere”, indicó.

Entre las principales medidas a desarrollar de forma urgente, Sanz apostó por formar a los profesionales relacionados con la atención a las mujeres con discapacidad, de forma que puedan detectar cuándo están siendo sujetos de violencia de género.

También recomendó garantizar el acceso de este colectivo a los recursos, “porque actualmente no llegan a ellos”. En definitiva, además de implementar protocolos de detección de casos de violencia de género en mujeres con discapacidad, Cermin apostó por la visibilización de esta realidad y por una mayor formación de los profesionales involucrados en la materia, con un enfoque interseccional.

Sanz advirtió que las mujeres con discapacidad tienen un 10% más de riesgo de sufrir violencia de género por encima de las mujeres que no cuentan con esta condición, y que la violencia que sufren es más duradera en el tiempo y más intensa, sobre todo si las discapacidades son graves.

Según indicó, en Navarra hay 24.500 mujeres y niñas con discapacidad, lo cual supone el 60% del total del colectivo de personas con discapacidad en la Comunidad Foral. Tras indicar que no hay datos oficiales de la situación real sobre violencia de género, subrayó que el único dato que se conoce es el número de mujeres con discapacidad asesinadas cada año.

“En 2017 fue un 5,9%, pero nos preocupa que este porcentaje sea sustancialmente inferior a la realidad social. Esta sería solo la punta del iceberg porque se estima que esta cifra podría ascender al 20% del total de los casos”, lamentó Sanz. - Efe