PAMPLONA - La Comisión de coordinación contra la violencia de género, impulsada a nivel nacional por el Consejo General del Poder Judicial, se constituyó durante la mañana de ayer en Navarra, en una reunión conjunta que se celebró en la sede judicial de la capital, con el objetivo de mejorar la prevención y respuesta interinstitucional frente a la violencia sobre las mujeres. Este grupo de trabajo, que se concitó por primera vez en el día de ayer en el Palacio de Justicia de Pamplona, está dirigido en Navarra por la presidenta de la Audiencia Provincial, Esther Erice. Además, en el ámbito judicial, está formada por la titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Pamplona, Margarita Pérez-Salazar; la juez de lo Penal número 5, órgano que enjuicia todos los delitos de violencia de género con penas de hasta 5 años de prisión, Esther Fernández; el presidente de la Sección Segunda de la Audiencia, el tribunal que juzga todos los delitos de este tipo con penas de más de 5 años, José Francisco Cobo; el responsable en esta materia de la fiscalía, Francisco Úriz; y el secretario de gobierno del TSJN, Francisco Javier Isasi.
ámbito jurisdiccional Asimismo, según informó el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, forman parte de esta comisión las unidades de los cuerpos policiales especializadas en estos delitos y en la protección de las víctimas, los forenses encargados de una actuación global e integral en casos de violencia de género, las oficinas de ayuda a las víctimas, la responsable de la Delegación del Gobierno en la materia, personal de los servicios sociales del Ayuntamiento de Pamplona, los decanos de los colegios de abogados y procuradores y la directora del Instituto Navarro para la Igualdad.
Según recoge el protocolo para su creación, la comisión abordará, entre otros asuntos, los errores detectados en cada sector o institución y formas de resolverlos, cuestiones novedosas que se aporten o propongan por los responsables de cada área para mejorar la lucha contra la violencia de género y las cifras sobre la concesión de las órdenes de protección. También tratará el análisis y la valoración de las situaciones de riesgo en las víctimas y la actuación de las unidades de policía judicial adscritas y del Instituto de Medicina Legal. Se tratarán de este modo carencias o disfunciones, que bien pueden identificarse con la falta de perspectiva de género en las resoluciones, posibles desatenciones con las víctimas e intervinientes, protocolos de intervención que se han quedado obsoletos y herramientas de trabajo que permitan visibilizar las evaluaciones de riesgo de las potenciales víctimas, derivaciones para que se efectúen pruebas periciales y otras dependientes de otros especialistas.
ASISTENCIA Y QUEJAS Se analizará la articulación de medidas específicas para detectar el riesgo de las víctimas cuando hayan comunicado a su pareja su decisión de separarse y ésta hubiera cometido un delito de violencia de género o cuando la víctima hubiera interesado expresamente medidas de protección alegando miedo o temor al agresor. De igual forma, también estudiará medidas de asistencia letrada a las víctimas desde dependencias policiales y quejas realizadas por víctimas de malos tratos por mala praxis en su atención, y propondrá a las comunidades autónomas o al Ministerio de Justicia las necesidades presupuestarias de mejora en cada zona según las evaluaciones realizadas.
