El Gobierno de Navarra licita el concierto de gestión de 73 plazas mixtas de internamiento y medio abierto para atender a menores

- 25 Plazas mixtas de internamiento en régimen cerrado y/o semiabierto en centro de cumplimiento de medidas judiciales nivel 1[1]

- 10 Plazas mixtas de internamiento en régimen semiabierto en centro de cumplimiento de medidas judiciales nivel 2

- 10 plazas mixtas para el programa de acompañamiento a jóvenes en proceso de autonomía en medio abierto.

- Programa de cumplimiento de medidas judiciales en medio a abierto[2] para menores infractores.

- 6 Plazas mixtas para el programa de internamiento residencial en medio abierto, para la medida de convivencia con otra persona, familia o grupo educativo.

- 22 Plazas mixtas para menores en conflicto social en el programa educativo de adolescentes.

- Programa terapéutico para la atención de 20 menores y sus familias en contextos de violencia filio-parental.

El concierto tiene por objetivo posibilitar el marco técnico y administrativo, así como los recursos necesarios para la puesta en marcha de cinco programas para menores infractores encuadrados en el sistema de reforma y dos, para los que están situados en conflicto social, dentro del sistema de protección.

Como concepto de menores infractores encuadrados en el sistema de reforma, se entenderá el de aquellos/as con edades entre 14 y 18 años en comisión de faltas o delitos, cuyas medidas judiciales hayan sido impuestas en base a la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores y de acuerdo con el desarrollo reglamentario de la mencionada ley regulada por el Real decreto 1774/2004, de 30 de julio.

Por otra parte, de acuerdo a lo recogido en la Ley Foral 15/2005 de Promoción, Atención y Protección a la infancia en Navarra (2005): “Se consideran menores en conflicto social, encuadrados en el sistema de protección, aquellos que, por su situación de grave inadaptación, pudieran encontrarse en riesgo de causar perjuicios a sí mismos o a otras personas”.

Características del concierto

El proceso de adjudicación del concierto se llevará a cabo mediante procedimiento abierto con publicidad. Su vigencia tendrá una duración de 3 años, pudiendo ser prorrogado por otros dos períodos de hasta tres años, con un máximo total de nueve años, teniendo previsto su inicio el 1 de julio de 2019, y por tanto su finalización el 30 de junio de 2022.

Esta licitación constituye el segundo expediente llevado a cabo bajo la modalidad de concierto, regulada conforme a lo previsto en la Ley Foral 13/2017, de 16 de noviembre, de conciertos sociales en los ámbitos de salud y servicios sociales.

La Ley Foral de conciertos sociales tiene entre sus objetivos el ser una alternativa a las subvenciones u otras formas de financiación, ofreciendo a las entidades sociales sin ánimo de lucro un modelo de relación más estable y más garantista en torno a servicios y programas que ahora vienen desarrollando por esta vía o a través de otras fórmulas de financiación.

Se pretende reconocer así la enorme aportación de recursos humanos, económicos y materiales, además de la experiencia en la atención que las entidades de iniciativa social vienen realizando tanto al sistema de servicios sociales como sanitario, abriendo para el futuro nuevas oportunidades de colaboración entre la Administración Pública y la sociedad civil.

Se trata, en muchas ocasiones, de entidades de iniciativa social que surgen de las propias personas afectadas por problemáticas socio-sanitarias y que su fin social y sin ánimo de lucro, junto a su capacidad para aportar recursos añadidos, incentivan la mejora continua en la atención a las personas beneficiarias de servicios y prestaciones, tanto desde el punto de vista de la cantidad como de la calidad. Si a ello se le añade su habitual capacidad de complementar los servicios con programas preventivos y de voluntariado socio-comunitario.

La puesta en marcha de esta licitación va a permitir al Sistema de Protección a la Infancia, y por extensión al sistema público de servicios sociales, sanitarios y socio-sanitarios, aumentar las garantías que pueden ofrecerse a la ciudadanía tanto desde la perspectiva de la continuidad del servicio como desde el prisma de los estándares de calidad de las prestaciones ofrecidas.