pamplona - El Gobierno de Navarra aprobó ayer el Plan de Vivienda 2018-28 que por primera vez reconoce el acceso a la vivienda como un derecho subjetivo de la ciudadanía y, para garantizarlo, establece una serie de medidas y actuaciones que se concretan hasta el año 2020. Con el horizonte puesto en 2028, el objetivo principal es disponer de un parque residencial de vivienda protegida asequible en arrendamiento de 10.000 viviendas, reducir sustancialmente el coste del alquiler de vivienda para la población joven, conseguir que el 75% del parque residencial total sea accesible, e incrementar de forma paulatina los recursos presupuestarios destinados a las políticas de vivienda., si bien.

El plan, destacó ayer el vicepresidente de Derechos Sociales, Miguel Laparra, tiene como principales prioridades la emancipación de la juventud, disponer de vivienda suficiente y asequible, y rehabilitar el actual parque residencial primando accesibilidad y eficiencia energética.

Entre 2019 y 2022 el plan dispone de un presupuesto de más de 350 millones de euros, que supone un gasto anual por persona de 130 euros mientras en el resto del Estado esta inversión no supera los 10-12 euros, precisó Laparra, quien destacó entre los objetivos para el periodo 2018-20 llegar a 4.500 jóvenes y 3.500 familias con las ayudas al alquiler y a otras 560 familias a través del Fondo Foral, la Bolsa de Alquiler y las Viviendas de Alquiler de Integración Social.

Otros objetivos que se marca con esta inversión es la promoción de 755 viviendas para alquiler social, construir 1.100 nuevas viviendas protegidas para venta y 140 con fórmulas novedosas como las cooperativas de cesión en uso, transformación de bajeras en viviendas, cohousing, etc, con un total 1.995 viviendas protegidas. Otro pilar del plan es la rehabilitación con apoyo público, que persigue llegar a las 22.300 viviendas en cuatro años, haciéndolas accesibles (10.000) y con envolvente térmica (5.020).

El plan plantea como principal novedad la aspiración de configurar el acceso a la vivienda como un derecho subjetivo, cuyo cumplimiento pueda ser reclamado por cualquier ciudadano. Un derecho, añadió el vicepresidente, que se divide en dos líneas básicas: la dirigida a la emancipación de las personas de hasta 30 años y otra, a las familias con bajos ingresos. En caso de falta de vivienda que conceder o adjudicar se prevé la concesión de una prestación económica en forma de desgravación fiscal. El plan además no descarta la intervención de la Administración en el mercado del alquiler cuando éste por sí solo no permita o no facilite el acceso a una vivienda digna a una parte importante de la población.

Otro línea de actuación novedosa que recoge, atendiendo a la función social que debe cumplir la vivienda, es la de destacar y concienciar sobre las obligaciones que conlleva ser titular de una vivienda tanto en mantenimiento como en accesibilidad, eficiencia energética y ocupación.

En el plan se apuesta también por la innovación en materia de vivienda, bien a través de diferentes formas de acceso (cesión de uso o housing first), de pago (bancos de tiempo o microcréditos), de técnicas constructivas (BIM-LEAN) o de sistemas de información (registros) o financiación “apoyo a la rehabilitación de carácter público. Y en este sentido señala también la necesidad de facilitar e implementar políticas de digitalización e industrialización en el sector con el propósito de reducir costes de construcción y ofrecer a la ciudadanía viviendas de calidad a menores precios.

seis objetivos estratégicos El nuevo Plan de Vivienda cuenta con 6 objetivos estratégicos, 32 líneas de actuación y 139 acciones concretas a desarrollar en los próximos años. Los 6 objetivos son: parque de vivienda suficiente, asequible, habitable y accesible; mejorar la gestión de la vivienda protegida y optimizar los recursos existentes, garantizar la función social de la vivienda, y evaluación de las políticas en materia de vivienda.

Los tres primeros objetivos van dirigidos a contar con un parque de vivienda suficiente en número, asequible para cualquier tipo de persona o familia que resida en Navarra, y en buenas condiciones (con especial cuidado con la accesibilidad de las viviendas, en un contexto de población envejecida; y con su eficiencia energética, acorde con las políticas medioambientales europeas).

Entre las líneas de actuación para lograr estos objetivos destacan: promover vivienda protegida en régimen de alquiler e incentivar el alquiler libre; promover vivienda protegida en compra en zonas y sectores sociales con demanda (vivienda asequible para quienes tengan una situación económica ajustada pero estable); mejorar la planificación y la dotación de suelo para edificar vivienda protegida; revisión del sistema de ayudas a la rehabilitación, priorizando las ayudas a la accesibilidad y eficiencia energética; fomentar la realización de los informes de evaluación de los edificios (notificación de aquellos edificios que deben realizarlo obligatoriamente y ofrecer una línea de financiación dirigida tanto a la realización del propio informe como la realización de las obras obligatorias); crear un programa específico de rehabilitación para zonas fuera de la Comarca de Pamplona donde haya demanda; rehabilitación del parque de vivienda protegida; y colaborar en la promoción de la accesibilidad universal en Navarra.

Los otros tres objetivos van encaminados a lograr la mejora de la gestión y de los procedimientos, así como de la evaluación y coordinación de las políticas, teniendo como objetivo principal destacar, insistir y fomentar la función social de la vivienda, como equipamiento básico y angular de una sociedad, y que, por tanto, debe destinarse a un fin residencial.

Entre las líneas de actuación, Laparra destacó: movilizar la vivienda vacía hacia el alquiler con localización diversificada; avanzar en la descentralización mejorando la gestión fuera de Pamplona; favorecer el aumento de la Bolsa de alquiler; y garantizar el acompañamiento integral a la población adjudicataria de vivienda protegida con problemáticas complejas.

Grandes cifras. El Plan de Vivienda dispone de un presupuesto de 350 millones hasta 2022, periodo que prevé que las ayudas para alquiler lleguen a 4.500 jóvenes, 3.610 familias; promover la construcción de 1.995 nuevas viviendas protegidas; rehabilitar otras 23.000, accesibilidad universal a 10.000 y envolvente térmica a 5.020. Para 2028, lograr un parque residencial de vivienda protegida asequible en arrendamiento de 10.000 viviendas, reducir el coste del alquiler de vivienda para la población joven y que el 75% sea accesible.

Prioridades. El Plan de Vivienda tiene como principales prioridades la emancipación de la juventud, la vivienda asequible y la rehabilitación del parque residencial primando accesibilidad y eficiencia energética.

Novedad: Derecho subjetivo. El plan plantea como principal novedad configurar el acceso a la vivienda como un derecho subjetivo, cuyo cumplimiento pueda ser reclamado por cualquier ciudadano. En ausencia de vivienda a conceder, se estipula la concesión de una prestación económica en forma de desgravación fiscal. No se descarta la intervención de la Administración en el mercado del alquiler cuando éste no permita acceder a un piso digno a parte importante de la población.