Pamplona. La Audiencia Provincial de Navarra ha condenado a 15 agentes de la Guardia Civil por cobrar de forma fraudulenta indemnizaciones por cambio de residencia, tras llegar a un acuerdo de conformidad que incluye a otros tres condenados por establecer este sistema ilícito para su beneficio.
Fuentes del caso han señalado a Efe que el acuerdo alcanzado esta mañana con todos los acusados excepto con dos de los guardias civiles que cobraron la ITR, supone la condena al guardia civil que gestionaba este sistema a 1.200 euros de multa por un delito continuado de exacciones ilegales y a su inhabilitación durante 9 meses por otro de falsedad en documento oficial.
Su mujer ha sido condenada a 1.200 euros de multa, mientras que el transportista ha recibido una pena de 8 meses de cárcel y una multa de 1.350 euros.
En el caso de los 15 guardias que han aceptado el acuerdo y que han reconocido que no se llevó a cabo la mudanza, el fallo recoge su culpabilidad por un delito de exacciones ilegales y otro de falsedad en documento oficial por imprudencia, en concurso medial, lo que se pena con una multa de 910 euros y la suspensión de empleo y cargo público durante 3 meses y un día.
Del acuerdo se han descolgado otros dos de los guardias civiles acusados, que finalmente serán juzgados por los delitos que inicialmente pedía la fiscalía, uno de fraude y exacciones ilegales en concurso con un delito de estafa -con petición de 6 años de inhabilitación y 22 meses de cárcel- y otro de falsedad en documento oficial cometido por funcionario público -con 3 años de cárcel, inhabilitación por dos años y multa de 3.000 euros-.
La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Navarra tenía previsto iniciar este viernes el juicio contra los 18 guardias civiles, la esposa de uno de ellos y el titular de una empresa de mudanzas, acusados de pertenecer a una trama que defraudaba en las indemnizaciones de miembros de este cuerpo por cambio de residencia.
Según había avanzado el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), el fiscal acusaba a 17 de los guardias -los 15 que han llegado finalmente a un acuerdo y los otros dos que serán juzgados- por beneficiarse de la trama, mientras que el otro guardia, su mujer y el empresario eran quienes gestionaban los documentos que acreditaban las supuestas mudanzas de muebles y tramitaban las solicitudes de indemnización por traslado de residencia (ITR).
Se trata de compensaciones que percibe un guardia civil cuando cambia de residencia (por asignación de un nuevo destino o por el pase a la situación de reserva, entre otros), y que la propia Guardia Civil abona por los gastos generados en la correspondiente mudanza.
En este caso, el guardia civil que gestionaba el sistema contactaba con agentes que iban a cambiar de residencia para ofrecerles la tramitación de la ITR, una ayuda de la que se lucraban los agentes (en algunos casos con hasta 9.000 euros) sin llegar a hacer uso de los servicios de la empresa supuestamente adjudicataria, cuyo titular sí percibía cantidades de dinero a cambio de simular que había completado el trabajo.
Según la acusación, los guardias que aceptaron este sistema también pagaron dinero al compañero que se lo había propuesto y a su mujer, que percibieron entre 900 y 1.800 euros por cada agente.
