Los padres de Sandra Peña, la menor sevillana que presuntamente se suicidó en octubre tras sufrir acoso escolar, han expresado su deseo de que se imponga una sanción “ejemplarizante” al colegio Irlandesas Loreto, donde estaba escolarizada.
Según indican, la dirección del centro aseguró que abriría dos protocolos de la Junta de Andalucía —uno de prevención y actuación frente al acoso escolar y otro relacionado con conductas autolíticas—, pero finalmente no se llegaron a activar.
Denuncia de incumplimiento del centro
En declaraciones a Canal Sur, recogidas por Europa Press, la madre de la joven, Zara Peña, explicó que Sandra comenzó a recibir ayuda psicológica en verano de 2025 y que la profesional responsable elaboró un informe que se envió al colegio. Aunque la dirección del centro prometió activar los protocolos correspondientes, los padres denunciaron que esto no ocurrió, llegando incluso a calificarlo de “engaño”, ya que Inspección Educativa desconocía la situación de la menor.
Acoso hacia la menor
La familia declinó dar detalles sobre la participación de otras menores en el presunto acoso, pero señaló que los insultos que recibió Sandra estaban relacionados con su aspecto físico y su orientación sexual.
Los padres agradecieron el trabajo de la Fiscalía de Menores y de la Junta de Andalucía, afirmando que sienten apoyo y cariño de la comunidad autónoma. Además, la familia ha presentado una querella contra el colegio y personal docente presuntamente implicado en el caso.
Avances en la investigación
El tío de la menor, Isaac Villar, destacó que la investigación “no avanza” al ritmo esperado, aunque confían “plenamente” en la justicia y reconocen la labor “impecable” de las autoridades.
Actualmente, la Fiscalía mantiene abiertos dos expedientes: uno de reforma juvenil, que analiza la posible implicación de otras menores, y otro de supervisión, centrado en la actuación y responsabilidad de los responsables del colegio.
La dirección del colegio Irlandesas Loreto ha pedido cautela y responsabilidad hasta que finalice la investigación policial, judicial y administrativa, mientras que el caso ha movilizado a miles de estudiantes en huelgas y manifestaciones en 55 ciudades de España, convocadas por el Sindicato de Estudiantes para denunciar el bullying.
