Navarra saca las mejores notas del Estado en Servicios Sociales, con siete autonomías suspendidas

CAV, Navarra y Castilla-León obtienen un notable en la evaluación que realizan cada año las Directoras y Gerentes de los Servicios Sociales

09.02.2020 | 09:39
El vicepresidente de Derechos Sociales, Miguel Laparra.

Así lo destaca la Asociación de Directoras y Gerentes en la evaluación estatal referida al pasado ejercicio

MADRID. Solo tres comunidades -País Vasco, Navarra y Castilla-León- obtienen un notable en la evaluación de los Servicios Sociales que realizan cada año las Directoras y Gerentes de los Servicios Sociales, mientras que siete la suspenden -Madrid, Valencia, Murcia, Canarias, Andalucía, Galicia y Extremadura-.

La nota media de las comunidades es un aprobado (5,22), la más alta del Índice DEC, que elabora esta asociación desde hace siete años con el análisis en cada CCAA de los derechos reconocidos, el gasto y las coberturas de los servicios sociales, que atienden las necesidades de más de 8 millones de personas en España.

El Índice DEC 2018 presentado este lunes, coincide con el final de la legislatura -que se inició con una puntuación de 4,54- y refleja una evolución positiva, sobre todo de las que tenían una evaluación más baja, como Comunidad Valenciana y Canarias; mientras que Madrid, con la peor puntuación, es la que registra un mayor deterioro de los servicios sociales.

"Globalmente la legislatura ha sido buena y la puntuación media mejora porque pasamos del suspenso al aprobado, pero nos preocupa que los servicios sociales crezcan y se adapten a los nuevo retos de la sociedad, y, sobre todo, las diferencias muy notables que siguen existiendo entre CCAA", ha asegurado el coordinador del estudio, Gustavo García.

El informe explica que los recortes tocaron fondo en 2013 y desde 2014 los servicios sociales mantienen la recuperación de los niveles de gasto, aunque todavía faltan 1.300 millones de euros anuales para recuperar la inversión anterior a la crisis.

Más allá de los datos, alerta de que muchas regiones están convirtiendo los servicios sociales en meras oficinas de procedimientos, acreditación y clasificación, en función de requisitos para acceder a diversas ayudas para atender situaciones de pobreza.

Refleja diferencias muy importantes entre CCAA respecto al desarrollo normativo de los servicios sociales; mientras Aragón, Baleares, Castilla y León y Galicia tienen legislación y planificación de las normas, Canarias no cuenta con ninguno de estos elementos (tendrá nueva ley en breve) y Madrid sigue sin una ley de nueva generación (la vigente es de 2003).

También respecto al gasto destinado, así el País Vasco destina más del doble de inversión por habitante y año en servicios sociales (703 euros/año), que Murcia (297 euros/año).

Las diferencias se dan asimismo en la cobertura efectiva de prestaciones y servicios. En Navarra hay un profesional de los servicios sociales básicos, comunitarios o de atención primaria por cada 890 habitantes, mientras que en la Comunidad de Madrid, un profesional por cada 8.354 habitantes.

EL ANÁLISIS DE NAVARRA Navarra obtiene una calificación de "Alto" en el desarrollo de su Sistema Público de Servicios Sociales y mantiene la de "Excelente" en el reconocimiento de derechos, desarrollo normativo y ordenación del sistema.

En la radiografía anual se indica que, junto con el País Vasco, es la única comunidad que obtiene la calificación de "Alto" en el desarrollo de su sistema de Servicios Sociales, aunque su puntuación global se reduce en 0,25 puntos respecto al año anterior por "la pérdida de relevancia económica".

Ese informe apunta como el principal reto de Navarra el incremento de los servicios domiciliarios (teleasistencia y ayuda a domicilio), así como los centros de día, al considerar que tienen una "cobertura deficiente".

Al mismo tiempo anima a las instituciones y a los profesionales a "debatir sobre los retos de los servicios sociales en la sociedad actual para asumir el liderazgo" que su posición avanzada le exige, así como a comprometerse con "la innovación al ritmo que marcan las nuevas circunstancias y necesidades de la sociedad actual".

Según sus datos, Navarra mantiene una calificación de "Excelente" en el reconocimiento de derechos, desarrollo normativo y ordenación del sistema al contar con una Ley que reconoce derechos subjetivos, un Catálogo que la desarrolla y una planificación estratégica. El Sistema de Atención a la Dependencia, por su parte está integrado en la red local de servicios sociales.

Aunque la relevancia económica de los Servicios Sociales está "muy por encima" de la media y se había incrementado de forma importante desde 2014, el informe recoge en 2018 un retroceso.

El gasto por habitante y año ha pasado de 600,37 euros en 2016 a 573,63 euros en 2018 (media estatal 381,25); el porcentaje que supone la inversión de las Administraciones en servicios sociales sobre el PIB regional se ha reducido del 2,012% de 2016 al 1,874% en 2018 (media 1,525%) y el porcentaje de inversión sobre el presupuesto total ha pasado de 10,77% a 9,69% en 2018 (media 9,36%).

Respecto a la cobertura efectiva de prestaciones y servicios, Navarra tras un retroceso continuado desde 2014, se observa una ligera recuperación en 2018.

El informe considera "destacable" la fortaleza de sus estructuras básicas de servicios sociales a nivel local, con la mejor ratio de profesionales por habitante, uno por cada 890 (media uno por cada 2.348) y valora la extensión de sus Rentas Mínimas de Inserción, que benefician a casi dos de cada tres personas por debajo del umbral de la pobreza (66,1%), cuando la media estatal es del 8%.

La tasa de desatención en dependencia, con un 9,7%, es la segunda más baja, solo por encima de Castilla y León, según el estudio, que señala que el porcentaje de población potencialmente dependiente que se beneficia del Sistema de Atención a la Dependencia, un 9,8 %, está por debajo de la media (10,07%).

Otros ámbitos en los que destaca positivamente son los servicios para personas con discapacidad, tanto en plazas residenciales (3,84% frente a 1,47% de media) como diurnas o ocupacionales (5,19% frente a 2,67% de media) y las plazas de acogida para mujeres víctimas de violencia de género, con 20,5 plazas por cada 100 mujeres con orden de protección, frente al 9,91% de media.

En servicios para las personas mayores, el "único dato positivo" hace referencia a las plazas residenciales de carácter público, con una cobertura de 2,72% (2,47% media estatal), puesto que, según señala, en todos los demás se encuentra peor que la media.

Así, en ayuda a domicilio su cobertura es de 2,66% (4,2% media estatal), y su intensidad, con una media de 13 horas mensuales, está muy por debajo de la media que son 18,89 horas.

En plazas de centro de día, cuenta con 0,84 por cada 100 personas mayores de 65 años y en España este porcentaje es de 1,09% y en teleasistencia, con una cobertura de 7,7% está por debajo (9,29).

Asimismo dice que se encuentra "muy por debajo" de la media la cobertura de plazas residenciales para personas sin hogar que es de 13,35 plazas por cada 100.000 habitantes, mientras que en el conjunto de España es de 62.