pamplona - La Fiscalía del Tribunal Supremo ha impugnado el recurso de casación interpuesto por los ocho condenados por la agresión en Alsasua a dos guardias civiles y sus parejas en octubre de 2016 y ha solicitado que se confirmen las condenas de entre 2 y 13 años de cárcel a las que fueron sentenciados los ocho jóvenes acusados. El Ministerio Público renuncia así a reclamar una condena por agresiones terroristas para Jokin Unamuno (12 años), Adur Ramírez (12), Oihan Arnanz (13), Julen Goicoechea (9), Jon Ander Cob (9), Aratz Urriola (9), Iñaki Abad (6) y Ainara Urkijo (2 años). Todos se encuentran en prisión provisional salvo Urkijo. Para argumentar su petición de confirmación de condenas, la Fiscalía considera que existe prueba suficiente de la agresión sufrida en Alsasua por un teniente y un sargento de la Guardia Civil y sus respectivas parejas, así como del delito de desórdenes públicos.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional intentó por dos veces que los ocho jóvenes fueran condenados por delitos terroristas, al considerar que lo que ocurrió en la madrugada del 15 de octubre de 2016 en Alsasua “no fue una pelea de bar ni una trifulca”, sino “una agresión planificada y organizada contra dos miembros de la Guardia Civil y sus parejas con una finalidad terrorista”, la de “expulsar” a los miembros del Instituto Armado “de un territorio que los acusados consideran suyo”. Por ello, pedía condenas que oscilaban entre los 12 y 64 años de cárcel. Sin embargo, tanto la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, la que les condenó en primera instancia, como la Sala de Apelación, la que confirmó la sentencia de la primera, fallaron que no había quedado “plenamente acreditada la finalidad terrorista de la acción y tampoco la vinculación o pertenencia a ETA” de los acusados. Sí encontraron probado que los ocho jóvenes actuaron “movidos por la animadversión y menosprecio a la Guardia Civil y por motivos ideológicos”.

TRAMITACIÓN PREFERENTE Tras las dos sentencias de la AN, la Fiscalía ha renunciado a solicitar una vez más condenas por delitos de terrorismo, pero sí se opone a los recursos que han presentado los ocho jóvenes y, por tanto, reclaman al Supremo que confirme las penas para todos. También solicita la tramitación preferente del recurso, al hallarse los acusados en prisión preventiva.

Por otro lado, el fiscal se opone a la supuesta parcialidad de los magistrados de la AN que emitieron las sentencias condenatorias por haber sido condecorados por la Guardia Civil, concretamente los jueces de la Sala de Apelación José Ramón Navarro, Enrique López y Eloy Velasco. La Fiscalía tampoco aprecia parcialidad en el hecho de que la magistrada Concepción Espejel, presidenta del tribunal que les condenó, esté casada con un coronel del Instituto Armado. Según el escrito, ello no permite sostener que hubieran actuado de forma sesgada. “El hecho de que uno de los integrantes del tribunal de apelación mantenga relación familiar con un miembro del cuerpo de policía al que pertenecen algunos de los perjudicados, no puede considerarse como motivo razonable para sospechar la pérdida de imparcialidad”, sostiene el Ministerio Público. “El mero hecho de ser distinguido por el cuerpo de la Guardia Civil no establece un vínculo de intereses con la misma, que pudiera generar razonablemente la presunción de posible sesgo a favor de los miembros de la Benemérita”, añade el escrito. - E.P.