Bruselas lleva a España ante la Justicia por la contaminación

pamplona - La Comisión Europea ha llegado a su límite en la espera para que Madrid y Barcelona disminuyan su contaminación, por lo que llevará previsiblemente a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por el incumplimiento de los límites de contaminación atmosférica. La decisión de la CE se hará pública este jueves y supondrá la culminación de un expediente abierto al Estado hace más de cuatro años, según adelantó El País.

El Ministerio de Transición Ecológica publicó este martes  el Informe de evaluación de calidad del aire en España 2018, en el que deja constar que la calidad del aire en nuestro país mejoró ligeramente en 2018 respecto al año anterior, aunque esta mejoría es menos significativa en los contaminantes ligados a los entornos metropolitanos y al tráfico y que son, precisamente los más nocivos para la salud, es decir dióxido de nitrógeno (NO2), partículas (PM10) y ozono (O3).

El expediente europeo contra España se remonta al año 2015 por los incumplimientos reiterados en materia de contaminación en Madrid y la capital catalana. La Comisaría de Medio Ambiente había decidido dejarlo en punto muerto en 2018, cuando sí denunció a Alemania, Francia, Italia, Rumanía, Hungría y Reino Unido también por incumplimientos de la directiva de calidad del aire. En aquel momento se estimó que las medidas que estaban proyectadas en esas dos ciudades -entre ellas Madrid Central- podrían ser suficientes para que España cumpliera con la directiva en 2020.

pp y cs, culpables Ante las amenazas de PP y Ciudadanos con acabar con Madrid Central, las medidas de la Comisión Europea se han endurecido hasta el punto de acabar en la Justicia para evitar la contaminación. La atención de Bruselas se centró en la capital de España. El principal causante de la contaminación por NO2 es el tráfico. Muchas capitales europeas aplican desde hace años zonas de bajas emisiones que limitan la entrada de los coches más contaminantes.

Se abre ahora un proceso que llevará varios años y que, como ya ha ocurrido con la contaminación de las aguas por la falta de depuración, podrían acabar en sanciones económicas.