pamplona - Tercera sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra en 24 horas, que anula la valoración del euskera como mérito para cualquier puesto en las zonas mixta y no vascófona. Balón envenenado en el área del Gobierno foral, y nuevo despeje a córner de su portavoz, Javier Remírez, que en su papel de stopper, sin florituras pero tampoco expeditivo, intentó preservar la cohesión de un Ejecutivo en fase de acoplamiento, con dificultades de conjunción en una cuestión importante como el euskera. Desacompasadas las partes, con Geroa Bai, Podemos e I-E en sintonía, y el PSN en una casilla aparte, ayer tocó referirse al acuerdo programático. Guía base que habla de impulsar “un amplio acuerdo social y político en torno al euskera, reflejo de la idiosincrasia y realidad sociolingüística navarra, que responda a las necesidades y permita seguir siendo libres en la forma de relacionarnos y convivir” con la pretensión de alejar “definitivamente al euskera del debate partidista, la confrontación y desterrando sentimientos de discriminación en la ciudadanía”. Objetivo ambicioso de un texto que también habla de “principios de voluntariedad e igualdad de oportunidades”, y que afirma que “se tendrá en cuenta lo que puedan determinar los Tribunales de Justicia sobre los recursos pendientes”. En esta coyuntura, y ante una inminente reunión de la comisión de seguimiento de dicho acuerdo, a petición de Podemos, Remírez trató de resguardar al Ejecutivo de las divergencias entre partidos, y enfriar el asunto. Afirmó que se están analizando “todos los escenarios posibles”, “para ver qué acciones tomar, también las consecuencias que puede tener”, pero admitió que si el Gobierno no presenta recurso, y “la sentencia deviene en firmeza, pueden verse afectadas algunas de las convocatorias” de concurso-oposición anteriores.

Según el portavoz y vicepresidente primero, el Ejecutivo foral está “en el momento del análisis técnico y riguroso por parte de los servicios jurídicos”. A su juicio, “eso es lo que la ciudadanía espera de este Gobierno, actuar con rigor, sensatez y profesionalidad”, lo que genera hipotéticos “escenarios varios”, mientras “la sentencia no deviene firme hasta que no pasan 30 días o bien si no se presenta el recurso”. Sobre las discrepancias entre los socios de Gobierno señaló que “no toca” al Ejecutivo “valorar la posición política de los portavoces de los partidos políticos de los grupos parlamentarios, incluidos aquellos que sustentan” el Ejecutivo de Chivite. Un escudo argumental que no soltó en el resto de la comparecencia, negando que esas divergencias afecten a la imagen de vertebración del Gobierno, en virtud de su pluralidad, y desdeñando posicionarse sobre las palabras del ex dirigente socialista Roberto Jiménez, entrevistado ayer por Carlos Herrera en la COPE, en línea con las tesis del TSJN. “No es función de este Gobierno autorizar o desautorizar las declaraciones de personas ajenas al propio Gobierno”, dijo Remírez. La meta, aseguró el portavoz, “más allá del contenido de la sentencia y sus consecuencias, es lograr que haya el más amplio consenso posible en materia de política lingüística, un consenso político, social y sindical que trascienda de las luchas y discrepancias partidistas y ponga al euskera el valor que merece”.

Respecto a las críticas de Geroa Bai y EH Bildu por el hecho de que el inglés o alemán se valore como mérito y no el euskera, el consejero se limitó a indicar que “técnicamente, a la espera de un mayor estudio al respecto, si la sentencia deviene firmeza, nos encontraremos ante este escenario”.

Finalmente, el portavoz del Ejecutivo subrayó “que no se cuestiona el conjunto del decreto foral de 2017”, ya que “algunas de las demandas solicitaban la derogación total o subsidiariamente el cuestionamiento de alguno de los artículos y el TSJN no ha considerado la derogación total del decreto”, y por tanto, “no es una enmienda a la totalidad del propio decreto”.

EH BILDU reclama que haya recurso

Réplica. EH Bildu criticó ayer las sentencias del TSJN. En particular la conocida el martes. “Un intento por parte de los sectores reaccionarios de menospreciar y arrinconar la lengua de todos y todas las navarras” que “confirma que siguen empecinados en ese objetivo”, afirmó en un comunicado Bakartxo Ruiz. “Resulta increíble, inadmisible y vergonzoso el desprecio que muestran las sentencias contra la lengua propia de Navarra y contra los y las navarras euskaldunes”. Por ello, Ruiz pidió al Gobierno de Navarra que presente un recurso e incidió en la necesidad “urgente de superar la actual ley del euskera así como la zonificación”.