PAMPLONA - La titular del Juzgado de Menores de Pamplona ha revocado la libertad vigilada acordada por un delito de robo con fuerza y ha decretado el ingreso en un centro de internamiento del joven I.F.E. que supuestamente propinó un puñetazo a un vecino de Pamplona de 34 que cayó al suelo y se golpeó en la cabeza en la calle Cortes de Navarra, lo que le provocó un traumatismo craneoencefálico que le mantuvo varias semanas ingresado en la UCI.

El investigado, según informó el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, I. F. E., quedó en libertad el 20 de septiembre tras haber abonado 2.000 euros de fianza para eludir el ingreso en prisión provisional por un delito de lesiones. Este joven, que ahora tiene 18 años, tenía una pena suspendida en el Juzgado de Menores, en donde, de conformidad entre su defensa y la Fiscalía, había aceptado por un delito de robo con fuerza ocurrido en noviembre de 2017 en la sede de Izquierda Unida de Pamplona una medida de 10 meses de internamiento en régimen semiabierto, de los cuales 7 meses iban a ser de estancia en centro y 3 de libertad vigilada. Esta medida quedó suspendida el pasado 27 de marzo durante un año a cambio del cumplimiento de un régimen de libertad vigilada durante ese periodo de tiempo.

Tras tener conocimiento de su presunta participación en la agresión ocurrida el pasado 6 de septiembre, la Fiscalía de Menores solicitó la revocación de la suspensión de la medida de libertad vigilada. En este sentido, el Servicio de Medio Abierto emitió un informe en el que indicaba que, si bien el entonces menor había evolucionado positivamente en su proceso, “ahora se había puesto de manifiesto la gran dificultad de autocontrol”, por lo que abogaba por el alzamiento de la suspensión.

A la vista de los hechos del 6 de septiembre, la juez de Menores considera que “la actitud del joven no corresponde a las exigencias establecidas al acordar la suspensión”. Y es que, según señala, pone de manifiesto “una conducta y forma de relacionarse contraria a la necesaria disposición de reintegrarse a la sociedad establecida en la suspensión, de modo que el contexto de medio abierto no permite dar respuesta a su situación” y, en consecuencia, estima incumplidas las condiciones establecidas.

Por ello, la magistrada revocó el pasado 27 de septiembre la suspensión y decretó la ejecución de la medida y el cumplimiento en un centro de menores de los 10 meses de internamiento en régimen semiabierto impuestos en la sentencia de conformidad, de los cuales 7 meses serán de estancia en el centro y 3 meses de libertad vigilada.