pamplona - Miembros de Representación Cannábica Navarra pidieron en comisión parlamentaria que la Cámara foral tramite en el Congreso de los Diputados una ley que regule los clubs cannábicos para mejorar la seguridad en el consumo de esta sustancia y luche contra el mercado negro. Durante una sesión de trabajo, Ramón Morcillo y Fermín Les instaron a los grupos a retomar la ley trabajada la anterior legislatura, una regulación constitucional que obtuvo el apoyo de la mayoría de la Cámara pero que no fue aprobada por el fin de la legislatura.

Desde Representación Cannábica reclaman una ley que regule de forma jurídica las asociaciones de cannabis de manera que estas sean solo para mayores de edad, se limiten a un círculo cerrado de usuarios, no tengan ánimo de lucro y cuenten con formación en prevención de riesgos. En referencia al autocultivo, una actividad perseguida en la actualidad, pide que se regule el consumo compartido e individual, una medida que atacaría también de forma directa a las mafias y el mercado negro. Morcillo apuntó que “se está penalizando más el autocultivo para el autoconsumo a nivel de asociación que la compra mancomunada de esta sustancia en el mercado negro”. Respecto a los locales, plantean su inclusión en la ley antitabaco, ya que “se encuentran en un limbo legal”, explicó Morcillo.

En el turno de los grupos, Jorge Aguirre (PSN) mostró su compromiso de trabajar por una ley y consideró importante dotar de legalidad el autoconsumo “para evitar las mafias”. Jabi Arakama (Geroa Bai) advirtió de que “el cannabis no es inocuo” y abogó por una regulación de los clubes y campañas de prevención. Laura Aznal (EH Bildu) criticó que después de muchos años de trabajo en esta regulación se siga igual y se comprometió a apoyar una ley. Mikel Biul (Podemos) hizo hincapié en la desprotección actual de estos clubes y la creación de otros que no cumplen las garantías sanitarias. Marisa de Simón, de Izquierda-Ezkerra, afirmó que “es necesaria una regulación para un mayor control”.

José Suárez (Navarra Suma) dijo que “es una realidad que las instituciones deben abordar”, si bien se mostró muy cauto e indicó que, antes de regular, debería de existir un consenso entre la comunidad científica y los sociólogos sobre las consecuencias que podría tener”. - Efe