PAMPLONA. La consejera de Derechos Sociales del Gobierno foral, Mari Carmen Maeztu, ha deseado este miércoles que el decreto foral aprobado por el Ejecutivo para permitir que se creen nuevas empresas de inserción social (EIS) así como ampliar el número de trabajadores en las mismas sea "un impulso efectivo para que se abran más y se amplíe el número de plazas".
En comisión parlamentaria, Maeztu ha explicado que la modificación del decreto busca "afianzar y ampliar el número de empresas, aumentar las plazas y apoyar de primera mano al personal técnico que presta apoyo a estas empresas".
Ha precisado la consejera que existen nueve empresas de inserción en Navarra, que "se han convertido en empresas de pleno derecho" y que "han cumplido el objetivo para el que estaban orientadas". Se trata de Josenea Bio, Carranza Delgado, Eurolan, Transforma Cuidamos Personas, Ilundáin, Traperos de Emaus, Verazdin, Nabut e Interlantxo. Seis de ellas se concentran en la Comarca de Pamplona.
La consejera ha indicado que "nos consta que existen proyectos de empresas de inserción, algunos fuera de la Comarca, y esperamos que lleguen a buen término" y ha esperado que "esta modificación sea un impulso efectivo para que se abran más y se amplíe el número de plazas".
La consejera ha indicado así que "es objetivo de la modificación poder crecer el número de puestos y de empresas", así como que "se puedan instalar este tipo de empresas en todas las áreas de servicios sociales de Navarra".
Ha manifestado que son un "recurso eficiente", que "inciden en la inserción laboral de personas en exclusión social, trabajan la empleabilidad de las personas desde un punto de vista integral". "Son imprescindibles para que estas personas con más dificultades logren incorporarse al mercado de trabajo", ha dicho.
La capacidad actual de estas empresas es de una media de 170 puestos de trabajo y, según la consejera, a largo de 2019, por los 170 puestos han pasado 240 personas distintas en situación de exclusión, la mitad mujeres.
Las empresas de inserción les emplean durante un periodo máximo de tres años, en el que personal técnico, formado por 21 personas, les preparan para poder trabajar en empresas ordinarias. Maeztu ha detallado que "el 52 por ciento de las personas que pasan por estas empresas acaban incorporándose en el mercado laboral ordinario".
Ha explicado, además, que con la modificación se elimina la restricción de subvencionar hasta un máximo de tres técnicos por entidad, otro elemento que limitaba la ampliación del número de personas en procesos de inserción contratadas. A partir de ahora, las ayudas se aplicarán en función de este personal empleado.
