pamplona - La directora gerente del Instituto Navarro para la Igualdad (INAI)/Nafarroako Berdintasunerako Institutua (NABI), Eva Istúriz, explicó ayer que el Ejecutivo foral se encuentra en búsqueda de financiación para la puesta en marcha de un nuevo modelo de recursos de acogida a las víctimas de la violencia de género, que busca integrar mejoras extraídas de la evaluación de los recursos ya existentes. Actualmente, existen recursos económicos específicos para mujeres en situación de violencia, entre las que se incluyen ayudas para víctimas que acrediten insuficiencia de recursos económicos y unas especiales dificultades para obtener empleo, conocidas como ayudas de empleabilidad, que son ayudas de pago único; y ayudas de emergencia social, que se destinan al pago de gastos asociados a situaciones puntuales y urgentes. Se trata, en ambos casos, de ayudas escasamente utilizadas, y es que entre 2012 y 2017 se solicitaron 67 ayudas de empleabilidad y tres ayudas de emergencia social, de las que se han concedido 44 y una respectivamente.
Además, disponen también de ayudas que no son específicas para las mujeres en situación de violencia, pero que cuentan con procedimientos concretos para estas situaciones. Así, se evalúan la Renta Activa de Inserción (RAI) -una prestación que se percibe de forma periódica y está dirigida a personas desempleadas con especiales necesidades económicas y dificultad para encontrar empleo, la Renta Garantizada (RG) -una prestación que también tiene carácter periódico y que se destina a personas que o no pueden acceder a ninguna otra prestación o pueden acceder a otra prestación pero de cuantía inferior, como la RAI-. A diferencia de las anteriores, estas sí son muy utilizadas: entre 2012 y 2017 se concedieron 720 RAI y 3.136 RG (aunque esta última cifra no representa a la totalidad de supervivientes que reciben esta prestación, sólo a las que la solicitan a través de procedimientos específicos que hay para estos casos).
víctimas empobrecidas La suma de otras prestaciones económicas específicas compatibles con las ayudas objeto de evaluación, o modificar los requisitos de acceso de las ya existentes, responde a la necesidad de garantizar la recuperación de las víctimas que se ven empobrecidas por la violencia, y es que, según recogieron desde el INAI, “las supervivientes tienen que iniciar procesos vitales que suponen, generalmente, un coste (apoyo legal, psicológico, cambio de domicilio y vivienda, etc.), y, aunque éste se contemple desde los recursos públicos, no se llega desde ellos a todas las supervivientes”.
Istúriz, que compareció en el parlamento foral a petición de EH Bildu, tras presentar un informe de evaluación elaborado por el Gobierno a lo largo de 2017 y 2018 para valorar los recursos de atención a las víctimas, estimó que es necesario acometer una inversión “elevada” para renovar el actual modelo de acogida, que está basado en centros de urgencia, casas de acogida y pisos de residencia.
Así, explicó que en el primer semestre de 2019 un grupo de trabajo se dedicó a diseñar el nuevo modelo de atención. Sin embargo, no creyó conveniente dar detalles sobre este nuevo modelo “hasta tener asegurada una parte de la financiación para no generar falsas expectativas”. Algunos aspectos que ha analizado este grupo es si los recursos de acogida deben ser anónimos, es decir, que no se conozca su ubicación, o si por el contrario deben ser públicos. También se debatió si deben estar en la Comarca de Pamplona o en otros lugares, cuál debe ser el número de plazas, cuáles serían los tiempos de estancia y si la gestión va a ser pública o subrogada. No obstante, Istúriz no ofreció detalles sobre cuáles son las conclusiones de este grupo.
Así, señaló que “en 2020 vamos a iniciar los trámites para buscar la financiación” de estos recursos de acogida. Por un lado, el Gobierno foral está en contacto con el Ejecutivo central para solicitar “la aportación que nos corresponde del Pacto de Estado contra la violencia de género”. Se trataría de 1,5 millones de euros correspondientes a 2018 y otros 1,5 millones correspondientes a 2019, además de la misma cantidad que se debería recibir en 2020. - Diario de Noticias
Recogida de información. El trabajo de evaluación ha puesto de manifiesto, según el INAI, la falta de información detallada sobre las perceptoras de las ayudas económicas, de sus características socioeconómicas y demográficas y de las formas de la violencia que enfrentan, hecho que impacta en la calidad y cobertura de los propios informes de carácter oficial que se realizan desde el Gobierno de Navarra sobre el abordaje y evolución de la violencia contra las mujeres en la Comunidad.
Coordinación. Para mejorar la viabilidad de las ayudas, se recomienda la introducción de mecanismos de coordinación entre los diferentes organismos involucrados en el diseño y gestión de las mismas (INAI/NABI, Departamento de Derechos Sociales, SEPE y SNE). Además, el III Acuerdo Interinstitucional para la Coordinación ante la Violencia contra las Mujeres en Navarra prevé la formulación de espacios ad hoc, de carácter técnico, para facilitar la coordinación y mejorar la eficacia e impacto de los recursos.
Conocimiento de las ayudas. Existen diferentes barreras en el acceso de las víctimas a las ayudas objeto de evaluación, derivadas de sesgos en la información, estereotipos sobre las ayudas o, incluso, desconocimiento de las mismas, por parte de quienes tienen que informar y asesorar sobre ellas.
Evitar la revictimización. La tramitación de las ayudas contribuye a revictimizar y desempoderar a las mujeres.
