El Consejo de Navarra avala valorar el euskera como mérito en zona no vascófona sin cambiar la Ley

El texto fue solicitado por el Ejecutivo, que está trabajando en una nueva norma tras las sentencias que anulan varios artículos del DF 103/2017 de uso del euskera en las Administraciones Públicas

04.03.2020 | 11:42
Concentración convocada por Kontseilua en protesta por la sentencia del TSJN sobre el decreto del euskera.

PAMPLONA. El Gobierno de Navarra ha sido informado, en su sesión de hoy, del dictamen 7/2020, de 24 de febrero, del Consejo de Navarra por el cual se concluye legal "un desarrollo reglamentario referente a la valoración del euskera como mérito en la zona no vascófona".

El Gobierno de Navarra solicitó dicho dictamen mediante acuerdo en su sesión del pasado 22 de enero. Dicha consulta facultativa se produjo al amparo de lo establecido en el artículo 14.2 de la Ley Foral 8/2016, de 9 de junio, del Consejo de Navarra, por el cual habilita a este órgano foral a emitir dictamen en cuantos asuntos se le sometan a consulta facultativa por acuerdo del Gobierno de Navarra.

La derogación de varios preceptos del Decreto Foral 103/2017, de 15 de noviembre, por el que se regula el uso del euskera en las administraciones públicas y entidades de derecho público dependientes, en concreto en lo que se refiere a la valoración del euskera como mérito en la zona mixta, en la zona no vascófona y en los servicios centrales, hace que sea necesario elaborar una nueva norma.

Para ello, el Gobierno de Navarra está trabajando en la elaboración de una normativa que, cumpliendo lo establecido en las sentencias 216, 217 y 218/2019 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, regule la valoración de méritos en el ámbito de la función pública y "lo haga desde el máximo consenso y la máxima seguridad jurídica".

Contenido del dictamen

El dictamen señala que "no se produce en la sentencias referidas una categórica prohibición a la valoración del euskera en la zona no vascófona, sino que esta deber realizarse de manera proporcionada y adecuada a las funciones a realizar y a la realidad sociolingüística en cuestión". El propio Consejo de Navarra recuerda que en su dictamen 40/2017 de 29 de septiembre emitido al respecto del mencionado Decreto Foral 103/2017, de 15 de noviembre que "la posibilidad de graduación de los conocimientos del euskera deba ajustarse a los criterios de funcionalidad, razonabilidad y proporcionalidad, no pareciendo correcto que los puestos se valoren independientemente de las funciones a desempeñar, debiendo permitirse la puntuación en atención a las funciones del puesto de trabajo y la realidad sociolingüística del lugar en el que se vaya a desempeñar".

Igualmente, el dictamen señala que "puede haber supuestos en los que la valoración del conocimiento de una lengua distinta al castellano pueda ser objeto de valoración, en cuyo caso, no se alcanza a ver motivo por el cual pueda ser valorado, por ejemplo, el conocimiento de la lengua francesa o inglesa, y no el euskera que, además, es una lengua propia de Navarra y todos los ciudadanos tienen derecho a conocerla y usarla, tal y como señala el artículo 2 de la Ley Foral del Euskera". Señala a continuación que "ninguna de las lenguas europeas se encuentra en esa posición" de lengua propia de Navarra "y que no pueden equiparar unidades de comparación heterogéneas, pretendiendo uniformar lo que es diferente en su concepción legislativa".

En la rueda de prensa posterior a la sesión del Gobierno, el consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, Javier Remirez, ha señalado que "el Ejecutivo ha remitido el dictamen para su valoración al Grupo de elaboración de una nueva norma que, cumpliendo lo establecido en las sentencias 216, 217 y 218/2019 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, regule la valoración de méritos en el ámbito de la función pública".

Remírez ha recordado que, aunque el dictamen no marca la decisión final del Gobierno "se ha demostrado como positivo valorar las consideraciones del Consejo de Navarra para ahondar en la senda de la máxima seguridad jurídica". Finalmente ha recordado que "el Grupo de trabajo tiene como mandato político adaptar la normativa no solo a la legalidad marcada por sentencias referidas, sino que además a lo comprometido en el acuerdo programático: la configuración de una política lingüística que atienda los derechos de los vascoparlantes, la realidad sociolingüística y la igualdad de oportunidades, con el máximo grado de consenso social, político y sindical".