El Gobierno de Navarra, a través de la Dirección General de Justicia, ha dado este miércoles la orden de abono de más de 950.000 euros en concepto de justicia gratuita a abogados y procuradores que han prestado dichos servicios durante el primer trimestre del año.
Dicho abono, informa el Gobierno de Navarra en un comunicado, se ha realizado de manera anticipada a lo habitual, para permitir a estos profesionales mantener su actividad, a la vez que se asegura así que el servicio público de justicia pueda llegar al conjunto de la ciudadanía, independientemente de sus recursos económicos.
El pago de los servicios de justicia gratuita es trimestral y la facturación suele cerrarse el día 20 del mes posterior al cierre del trimestre, con el fin de que los colegios profesionales tengan tiempo de remitir las correspondientes justificaciones de los servicios que van a abonarse.
Por ese motivo, los pagos de los servicios prestados entre el 1 de enero y el 31 de marzo son normalmente abonados a finales del mes de mayo.
La Dirección General de Justicia, sin embargo, ha considerado oportuno que, en la situación actual, estos pagos se adelanten el máximo posible, como forma de apoyo a los profesionales cuyo trabajo permite que la justicia sea de acceso universal.
Para agilizar las gestiones, la Dirección General de Justicia solicitó y obtuvo la colaboración de todos los colegios de abogados de Navarra, así como la del colegio de procuradores, para que aceleraran el envío de los datos correspondientes, que han sido gestionados telemáticamente.
Los conceptos abonados son los relativos a la justicia gratuita en los conceptos de guardias, turno de oficio e infraestructuras, y ascienden una vez cerrado el balance a un total de 952.718,16 euros.
De ellos, 558.091,12 euros han sido transferidos al Colegio de Abogados de Pamplona; 143.299,45 euros al de Tudela; 101.823,12 al Colegio de Abogados de Estella-Lizarra; y 58.488,57 euros al de Tafalla. Además, el Colegio de Procuradores recibirá en los próximos días pagos por valor de 97.015,10 euros.
El pago a los profesionales que hayan desarrollado estos servicios de justicia gratuita es posteriormente encauzado por los propios colegios profesionales, una vez han recibido el pago anticipado desde la Dirección General de Justicia.
