El Departamento de Derechos Sociales va a contar en 2021 con un presupuesto total de 479,3 millones de euros, un 9,27% más con respecto a 2020. Este incremento repercute en todas las áreas, aunque destaca el aumento de recursos y servicios en el ámbito de la atención a la dependencia, personas mayores, discapacidad y enfermedad mental, familia y menores, con 21 millones más que el año anterior.

La consejera de Derechos Sociales, Carmen Maeztu, señala que "el presupuesto para 2021 va a contribuir a reactivar socialmente Navarra, promoviendo el empleo de calidad, la cohesión social y la igualdad de oportunidades".

El departamento apuesta por hacer efectivo el Pilar Europeo de Derechos Sociales y avanzar en la dimensión social de la Agenda 2030, luchando contra la pobreza, incrementando la protección social y reduciendo las desigualdades. Así mismo, con los nuevos recursos se transformará el actual sistema de cuidados de larga duración hacía un modelo de atención centrado en la persona en los ámbitos de la dependencia, discapacidad, enfermedad mental y personas mayores.

Agencia Navarra para la Autonomía y Desarrollo de las Personas

La Agencia Navarra para la Autonomía y Desarrollo de las Personas contará en 2021 con un presupuesto de 235.6 millones de euros, lo que supone un incremento de 21 millones con respecto a 2020 (un 9,79%). Se trata del mayor incremento desde la crisis del año 2008.

Con los recursos disponibles se va a poner en marcha un nuevo acuerdo marco de centros residenciales para ampliar el número de plazas, mejorar los servicios y adaptarlos a las nuevas necesidades surgidas con la pandemia de COVID-19.

Igualmente, con las nuevas dotaciones se van a incrementar un 20% las ayudas a la contratación de cuidadores profesionales de personas dependientes en el domicilio, se pondrán en marcha los programas de promoción de la autonomía personal, y se extenderá el proyecto piloto socio sanitario de Tafalla a otras zonas básicas de servicios sociales.

En el ámbito de la discapacidad y de la enfermedad mental se prevé establecer modelos residenciales alternativos a los actuales, viviendas en el medio comunitario, también para personas con grandes necesidades de apoyo, que permitan una integración efectiva de las personas con discapacidad. Se renovará también el concierto de plazas residenciales para personas con enfermedad mental, así como los contratos de plazas para personas con discapacidad.

Por último, en familia y menores se seguirá desarrollando el II Plan Integral de Atención a la Familia, la Infancia y la Adolescencia con un incremento presupuestario del 19,5%. Se van a impulsar los recursos y prestaciones dirigidas a la conciliación de la vida laboral, personal y familiar, la promoción del acogimiento familiar como medida alternativa al residencial, se potenciarán los programas preventivos de apoyo a familias con menores en situación de riesgo, y se incrementarán los recursos para los programas de atención e integración de menores.

La consejera Maeztu ha destacado que se trata del mayor incremento presupuestario desde la crisis de 2008. "La pandemia ha puesto sobre la mesa la necesidad de reforzar y mejorar la atención a nuestros mayores y personas con discapacidad y enfermedad mental, familia y menores, y de fortalecer el sistema residencial, y por ello ha sido nuestra máxima prioridad en este presupuesto de 2021", concluye.

Empleo

El presupuesto del Servicio Navarro de Empleo - Nafar Lansare para 2021 se incrementa un 2,95% con respecto al de 2020, y un 8,7% si se tiene en cuenta el traspaso de parte de sus competencias a Educación.

El objetivo prioritario de las políticas activas de empleo para el año 2021 será paliar las consecuencias derivadas de la crisis sanitaria que ha repercutido directamente en el mercado de trabajo.

El presupuesto del SNE-NL va a incidir en promover el empleo de las personas con mayores dificultades para acceder al mercado de trabajo: jóvenes, personas con discapacidad, en situación de exclusión, perceptores de renta garantizada, parados de larga duración, personas que han perdido su trabajo por el coronavirus, etc.

Con respecto al trabajo con jóvenes, uno de los sectores más castigados por la crisis del COVID-19, se refuerzan de manera significativa, tanto los incentivos a la contratación como los programas de apoyo al emprendimiento y trabajo autónomo.

Se apuesta por el trabajo de las personas con discapacidad en Centros Especiales de Empleo, incrementando las ayudas que financian sus costes salariales en un 12,5%, aumentando las ayudas a la inversión, y promoviendo una nueva ayuda para garantizar su sostenimiento financiero tras la crisis sanitaria. Igualmente, se mantiene el presupuesto destinado a financiar las empresas de inserción, incrementando un 33% las ayudas destinadas a la inversión.

Se incorpora además un nuevo programa, dotado con 600.000 euros, para acciones de orientación, formación y empleo destinado a los colectivos más vulnerables, con más dificultades para su reinserción tras la pandemia.

Se incrementan, por último, un 21% los incentivos a la promoción del empleo autónomo, para ayudar a la generación de nuevas ideas de negocio.

Inclusión y protección social

La Dirección General de Inclusión y Protección Social contará en 2021 con 181 millones de presupuesto, con un crecimiento del 10,6% con respecto a 2020.

Tras la aprobación del nuevo Decreto Foral de financiación de los servicios sociales de base, se incrementará su financiación para responder adecuadamente a las necesidades sociales de cada territorio, y se llevará a cabo la reordenación de la atención primaria de servicios sociales.

Se continúa, así mismo, con la implementación del Plan Estratégico de Inclusión Social de Navarra y se refuerza la protección social de las familias o personas en desempleo para hacer frente a las consecuencias sociales de la pandemia, a la vez que se refuerzan los programas de inserción laboral junto con empleo.

La Dirección General del Observatorio de la Realidad Social contará con un presupuesto de 3,7 millones, lo que supone un incremento del 19,74%, con lo que va a ser posible atender líneas de trabajo como la transformación y modernización digital, el proceso de construcción de la Historia Social Única, y el monitoreo de los principales indicadores socioeconómicos de Navarra para obtener información del impacto de la crisis la COVID y así ser capaces de adaptar las políticas públicas a desarrollar.