Representantes de Unicef han explicado en el Parlamento foral el objeto y las particularidades de la recientemente aprobada Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, un "hito" en la consideración protectora hacia un sector vulnerable que ahora plantea el "reto" de hacerla realidad en Navarra.Así lo han señalado en comisión parlamentaria, en la que han recibido el apoyo unánime de los grupos, la directora del departamento de protección de Unicef España, Almudena Olaguibel, y la coordinadora de esta entidad en Navarra, Maider Gabilondo, quienes han desgranado los datos de esta ley publicada en el BOE hace 4 días y que establece 6 meses para adaptarla a las normativas autonómicas.

En este contexto, Gabilondo ha asegurado que la ley supone un "cambio de paradigma, que pone en el centro el derecho del niño y adolescente a ser protegido" y para ello pone como pilar construir un sistema de prevención y de protección necesaria para blindar los derechos de este colectivo.

Como muestra de la situación actual, ha expuesto algunos datos que enmarcan su adaptación a Navarra, donde se han realizado más de un centenar de encuestas cuyas respuestas revelan que el 30 % de los encuestados de esta edad siente miedo en alguna ocasión en la calle, con una marcada diferencia a partir de los 12 años entre chicos y chicas en detrimento de estas.

Más del 23 % de los encuestados sienten que no tienen a quién recurrir en el colegio en caso de sufrir algún tipo de violencia o amenaza, cuando "sorprendentemente" el 79 % sí sabe a quién recurrir en la calle y el 42 % también en el contexto online.

Por su parte, tras recordar que en su tramitación en las Cortes ha sido muy participada y apoyada por los grupos, Almudena Olaguibel ha valorado que es "una ley pionera en nuestro entorno, completa y que ve la violencia de un forma integral", tanto en los diferentes ámbitos en los que se puede producir como en sus variadas modalidades y afectados.

"La ley va a suponer grandes cambios en el funcionamiento de ciertas administraciones", que deberán aplicar sus contenidos en los cuatro ámbitos implicados, como son el refuerzo de derechos de los afectados, la promoción de entornos protectores (familia, escuela, entornos deportivos y de ocio, sistema de salud, centros de protección, cuerpos policiales y ámbito judicial) con nuevos protocolos y nuevas figuras, o la modificación leyes para reforzar la protección.

También ella ha planteado algunos datos que dan cuenta de la incidencia del maltrato infantil, que ha aumentado en denuncias en los últimos años (ha reconocido que es "difícil" saber si es por una mayor concienciación o por un aumento de esta realidad), que en 2019 fueron más de 5.000 en España, una lista que en cuanto a las causas encabeza la negligencia, seguida del maltrato emocional, ambas circunstancias con una constatación "muy complicada".

También aumenta el abuso sexual en cuanto a las causas, de forma que en España los menores de edad son ya el 50 % de todas las víctimas de estos delitos en España, de forma que "les afecta en mucha mayor medida que a otros", ha dicho para apuntar también al acoso escolar y la implicación en este ámbito de la tecnología como buena parte de las denuncias.

"Esta ley supone un cambio de paradigma porque con ella pasamos de un enfoque punitivo a otro preventivo: el niño está en el centro y hay que trabajar para que lo entornos sean protectores", ha reiterado para señalar que hay un giro en la consideración como "un asunto doméstico o privado de la infancia, de forma que con esta ley el deber de prevenir y proteger está compartido por todos los adultos".

En el turno de los grupos, todos los presentes han abogado por el trabajo conjunto y consensuado para trasladar a Navarra el contenido de la ley, al tiempo que han convenido en que ese es el espíritu que han compartido en su tramitación en Madrid.