Navarra, como el resto de comunidades autónomas, salió hace un mes del estado de alarma, y mientras la curva ha caído en picado -aunque lleva días estabilizada- en el Estado, las discrepancias en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud han ido en sentido inverso a cuenta de las restricciones que se deben aplicar ahora y de la vacunación, con la polémica de AstraZeneca de fondo. Pese a la incertidumbre inicial sobre el impacto que iba a tener la reapertura en la situación epidemiológica, lo cierto es que en este último mes el virus no ha hecho más que retroceder, aunque con altibajos en Navarra.
Los datos hablan por sí mismos y liquidan la inquietud generada en la Comunidad Foral por el fin del estado de alarma. Si entonces había 152 hospitalizados por covid, ahora se reducen a 36, un desplome de 76,3 puntos; las ucis, ocupadas hace un mes por 29 enfermos, tienen en la actualidad 13, un descenso de 55,1 puntos. La positividad, el porcentaje de personas que dan positivo para la infección de entre todas a las que se les ha hecho prueba PCR durante un tiempo determinado, también ha caído desde 4,6% que se registraba el 9 de mayo a 2,6% de este martes, la mitad del tope que recomienda la OMS para considerar que una epidemia está bajo control.
Y otro dato positivo es el del factor R, que mide la capacidad de transmisión del virus y que lleva días por debajo del 1 en Navarra, lo que indica que cada infectado transmite la enfermedad a menos de una persona. Con este valor, la curva de contagios no crece, sino que se mantiene horizontal. Entre 0 y 1, la curva termina desapareciendo.
La incidencia acumulada ha pasado en este mes de 60.677 casos a 62.558, es decir, ha sumado 1.881 casos, lo que supone una subida de 3,1 puntos. En este tiempo la lista de fallecidos se ha engrosado en 13 víctimas.
Y en ello tienen mucho que ver ellas, las vacunas: este martes había en Navarra 176.861 personas con la pauta completa frente a las 91.632 de hace un mes, es decir, en un mes la cifra de inmunizados casi se ha duplicado.
Las últimas medidas anticovid que afectan al ocio nocturno y la hostelería son, no obstante, el penúltimo capítulo de la complicada relación de cogobernanza entre el Gobierno y las comunidades que, semana tras semana, amplían la brecha que las separa en su forma de entender la salida de la pandemia.
Hace un mes que miles de personas improvisaron una fiesta multitudinaria echándose a las calles al grito de "libertad" para festejar el fin del estado excepcional, mientras sanitarios y científicos se echaban las manos a la cabeza temerosos de que el ingente esfuerzo de año y medio hubiera sido en balde.
Las imágenes dieron gasolina a la oposición para culpar al Gobierno y a varias autonomías para criticarle por haber anticipado demasiado el fin de este mecanismo constitucional que empezó a andar el 25 de octubre; pero el Ejecutivo se mantuvo firme en que había llegado la hora de las comunidades y que las medidas que se tuvieran que adoptar se tomarían en el seno del Consejo Interterritorial.
El anuncio de Pedro Sánchez el 6 de abril de que no iba a pedir una prórroga del estado de alarma levantó los recelos de un nutrido grupo de comunidades, encabezadas por la CAV, que consideraba que el Ejecutivo no podía lavarse las manos y debía alargar la alarma para evitar el caos jurídico del verano anterior.
TOQUES DE QUEDA Y CIERRES PERIMETRALES, AL SUPREMO
Durante todas esas semanas arreciaron las críticas ante la inquietud de que la evolución de la pandemia aún no era favorable y las medidas de contención a implementar, como toques de queda, que en Navarra no fue avalado por el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) o cierres perimetrales, no podían quedar al criterio de los distintos tribunales superiores de justicia.
Nacía así uno de los más enconados debates tras expirar el estado de alarma: el de si la legislación ordinaria era suficiente para afrontar una desescalada con restricciones de derechos fundamentales -como sostiene el Gobierno- o si, por el contrario, España se adentraría en un caos jurídico, como auguraron sus detractores.
El Ejecutivo impulsó una reforma exprés para permitir que, en caso de conflicto, sea el Supremo el que tenga la última palabra en materia de restricciones y el tribunal se ha pronunciado sobre varias decisiones autonómicas previamente anuladas por los tribunales superiores de justicia.
Las dos más relevantes -dado que las otras aludían a defectos de forma- son las relativas al cierre perimetral de Canarias y al toque de queda de Baleares. En ambos casos el Supremo rechazó las pretensiones autonómicas, pero también estableció su criterio al respecto.
El alto tribunal cree que la legislación española "ofrece suficientes precisiones, objetivas, subjetivas, temporales y cuantitativas para satisfacer la exigencia de certeza que han de tener los preceptos que fundamentan restricciones o limitaciones puntuales de derechos fundamentales y, en concreto, de la libertad de circulación".
Pero esas medidas solo se pueden acordar ante hechos "siempre de extraordinaria gravedad y urgencia", de forma motivada por parte de la Administración y teniendo en cuenta que las restricciones han de ser "temporales y proporcionadas", algo que a su juicio no hicieron ni el Gobierno canario ni el balear.
LA POLÉMICA POR ASTRAZENECA Y EL OCIO NOCTURNO
Mientras tanto, Gobierno y comunidades han mantenido su cita semanal en el Interterritorial, marcadas por otras dos grandes discrepancias: la vacunación con AstraZeneca y, más reciente, la declaración de actuaciones coordinadas que afecta al ocio nocturno y la hostelería.
La divergencia de criterio sobre la segunda dosis a los menores de 60 vacunados con Vaxzevria (nombre comercial de esta vacuna) ha levantado broncos debates entre los que apoyan completar la pauta con Pfizer y los que quieren seguir la recomendación de la EMA y la ficha técnica del medicamento que apuesta por hacerlo con el antídoto anglosueco.
Ya la propia apuesta de la Comisión de Salud Pública (órgano perteneciente al Consejo Interterritorial y formado por los directores generales del Ministerio y las comunidades) por la pauta heteróloga anticipaba las diferencias, puesto que salió adelante con 10 votos a favor, 7 en contra y 3 abstenciones.
Las distancias se recortaron -solo un poco- cuando finalmente el Interterritorial secundó la propuesta del Ministerio -que habían pedido durante semanas varias comunidades- de abrir la posibilidad de vacunarse con AstraZeneca a aquellos que rechazaran hacerlo con Pfizer previa firma de un consentimiento informado, que dio lugar a una nueva polémica.
El último gran revuelo ha sido el surgido en la última reunión de Sanidad y autonomías: la declaración de actuaciones coordinadas que permitía la reapertura del ocio nocturno en zonas de riesgo bajo, como Navarra, y la limitación de horarios y aforos a la hostelería, que recibió cinco votos en contra y una abstención.
Todavía está por cerrarse este episodio: de momento, el departamento que dirige Carolina Darias ha enviado a las comunidades una propuesta de corrección de esa orden publicada ya en el BOE el pasado sábado y que elimina las restricciones a la hostelería y amplía la apertura del ocio nocturno a las zonas que están también en riesgo medio. El nuevo planteamiento se debate este miércoles.
