Amnistía Internacional (AI) ha preparado una guía con recomendaciones básicas para las autoridades estatales y autonómicas "para que las personas mayores no sean abandonadas a su suerte nunca más", lo que exige reformas legislativas para proteger sus derechos y más inversión pública en residencias.En el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, que se celebra este martes, AI recuerda que las personas mayores que viven en residencias han sido las víctimas más vulnerables en la pandemia. Desde el 14 de marzo del año pasado se han registrado 29.594 fallecimientos en esos centros.
"Las residencias se han convertido en el triste ejemplo de lo que es una mala gestión y falta de respuesta de las autoridades, cuyas consecuencias las han sufrido miles de personas mayores, que han sido tratadas como ciudadanas de segunda", asegura el director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán, en un comunicado.
AI considera "imprescindible y urgente" que se aprueben cambios legislativos que protejan los derechos humanos en las residencias y armonicen las normativas autonómicas y locales, porque "no puede ser que una persona mayor que reside en una residencia de Madrid o Barcelona no tenga los mismos derechos que una que viva en Soria, Zaragoza, Cáceres, Bilbao, Sevilla o A Coruña".
Reclama además investigaciones independientes que evalúen el grado en que las comunidades y el Estado cumplieron con sus obligaciones de garantizar la calidad de la atención en las residencias y que se realicen evaluaciones periódicas para evitar que este drama se repita en el futuro.
Con su guía de recomendaciones a las distintas administraciones, la organización trata de buscar soluciones a las carencias que ha puesto en evidencia la pandemia.
Subraya por ejemplo la necesidad de valorar de forma individualizada cada caso antes de rechazar una derivación hospitalaria o de restringir las visitas, ademá de fijar un régimen de inspecciones regulares a los centros sin aviso previo, facilitando canales de denuncia que garanticen el anonimato.
Además de tomar medidas para subsanar la ausencia de datos sobre los mayores atendidos en residencias, AI pide aumentar el ratio de trabajadores por cada cien residentes, por debajo de la media de la OCDE, e incrementar la inversión pública en residencias.
Apuesta asimismo por involucrar a las personas mayores y a sus familias en las decisiones que les afecten.
AI reconoce que la situación ha cambiado sustancialmente respecto a la primera ola de la pandemia, cuando se vulneraron los derechos a la salud, a la vida, a la no discriminación, a la vida privada y a una muerte digna de los usuarios de las residencias.
Se deriva a los mayores a los hospitales cuando es necesario y se han flexibilizado las visitas, pero la organización cuestiona que algunas residencias sigan sin permitir el acceso de los familiares a los espacios privados de los centros, como las habitaciones.
