Sobre el resto de víctimas que han denunciado ante la Comisión, su directora, Maite Quintana, advirtió que algunos casos se enmarcan en colegios responsabilidad de una orden religiosa con competencias propias, aunque “eso no quita para que podamos ser mediadores y acompañar a las personas hasta donde podamos hacerlo”. Reconoció que en estos asuntos también “en muchos casos no quieren dar el paso (de denunciar) porque aún estamos ante un tema que es un tabú, por vergüenza, porque hay quien no quiere remover”, pero ha considerado que el perdón público solicitado hoy por el arzobispo a algunos de ellos “no impide en absoluto que de alguna manera se sientan representados” los demás. “Lo que han conquistado lo conquistan para ellas y para otras” víctimas, “evidentemente podemos extenderlo”, dijo tras reiterar que la Comisión sigue abierta a recibir otras den uncias y consideraciones.

El arzobispo repasó el proceder de la diócesis desde que en 2019 el Papa Francisco pidió pasos en este ámbito, en el que en “cumplimiento del mandato” él mismo decidió en enero de 2020 crear la Comisión metropolitana de la archidócesis para la protección de menores y vulnerables, que impulsó todo este proceso. “Soy consciente del sentir social de que llegamos tarde y pido disculpas por el sufrimiento que ello haya podido ocasionar”, continuó el arzobispo: “En nuestra voluntad está el hacerlo mejor que en el pasado. Es un cambio importante en el que hemos tenido que asumir nuevos aprendizajes, nuevas formas de hacer y nuevas sensibilidades. No vamos a negar que quedan pasos por dar, pero puedo asegurar que estamos camino de darlos”, dijo.