La consejera de Relaciones Ciudadanas, Ana Ollo, ha presentado el Censo provisional de personas afectadas por la represión económica en Navarra (1936-1966), que recoge los datos personales y los hitos principales de los expedientes incoados por la Comisión Provincial de Incautación de Bienes y el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Navarra contra 1.012 hombres y 74 mujeres con vecindad en la Comunidad Foral.

Como ha señalado la consejera, este censo significa "un nuevo paso en el compromiso del Gobierno de Navarra con las políticas públicas de memoria, en relación al derecho a la verdad de las víctimas de las graves violaciones de derechos humanos ejercidas con total impunidad por el régimen franquista", a lo que ha añadido que "pretende ser un importante instrumento de consulta al servicio, tanto de quienes investigan en torno a la violencia de los sublevados en el 36 como, sobre todo, para las familias de las personas expedientadas por las distintas jurisdicciones". Según Ollo "se muestra una vez más, con toda crudeza, cómo se cebó el franquismo con los vencidos, a través de embargos, sanciones y lentas tramitaciones que trajeron graves penurias a cientos de personas que ya habían sufrido otras formas de represión".

La consejera se ha referido además al proyecto de Ley de Memoria Democrática que se está tramitando en las Cortes señalando que "estamos ante una oportunidad única para ir más allá de la declaración de nulidad de las condenas y sanciones de los Tribunales de Responsabilidades Políticas, diseñando fórmulas de reparación económica que no se queden únicamente en el ámbito del reconocimiento y reparación personal".

En la presentación han participado además Josemi Gastón, director del Instituto Navarro de la Memoria (INM), y César Layana, responsable del Centro de Documentación del Instituto, cuya investigación sobre la represión económica en Navarra ha sido la base para la elaboración de este censo. En su intervención, Gastón ha recordado que la represión económica es una más de las múltiples formas de la violencia de los sublevados, y una de las más desconocidas. Asimismo, ha hecho un llamamiento a las personas que conservan documentación que acredite haber sufrido alguna forma de esta modalidad represiva para que se pongan en contacto con el Instituto Navarro de la Memoria a través de la dirección inm@navarra.es. Asimismo, ha anunciado que el INM pretende abordar proyectos de investigación para conocer con más profundidad el rastro documental dejado por las sanciones de diferentes autoridades y para estudiar los cambios de propiedad que pueden estar relacionados con las prácticas de expolio.

Layana, por su parte, ha afirmado que "la represión económica tuvo múltiples formas, a través de la rapiña, el pillaje, las incautaciones y las multas, y más tarde, cuando a la represión se le fue una apariencia de legalidad, a través de los expedientes incoados bajo el decreto 108 y la Ley de Responsabilidades Políticas". En el censo se recogen los datos principales sobre las personas represaliadas y las vicisitudes de sus expedientes, incluidos los indultos finales de los años 60. El 80% fueron condenadas a sanciones económicas que sumaron casi 50 millones de pesetas y que constituyeron un grave perjuicio para sus economías. Asimismo, en cada ficha personal se detallan las fuentes y archivos en que pueden consultarse los expedientes, las sentencias, los recursos o los indultos, entre otros documentos.

El censo está disponible para su consulta en la página web de la Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos, a la que está adscrito el Instituto Navarro de la Memoria. Puede accederse directamente desde la web de Paz y Convivencia. Una primera parte introductoria contextualiza las diferentes modalidades de la represión económica y, a continuación, se presenta el censo de las 1.086 personas expedientadas, con un índice que permite acceder rápidamente a la ficha que se desea consultar.