- Las protestas contra la obligación de mostrar el certificado sanitario para acceder al puesto de trabajo en Italia recorrieron ayer el país, durante el primer día de su implantación, aunque sin llegar a paralizarlo, solo con algunas manifestaciones en puertos y ciudades. Mario Draghi, primer ministro pero ante todo economista, no quiere que el coronavirus frene la recuperación este nuevo otoño pandémico y por eso ha obligado a todos los trabajadores, del sector público y privado, a presentar el certificado para entrar a sus puestos.

Desde ayer, para trabajar en una oficina, un restaurante o un taller italiano es preciso mostrar antes el conocido como Green Pass, que atestigua que su portador ha sido vacunado contra la covid-19, ha pasado la enfermedad o tiene una prueba negativa. La medida, férrea y pionera en el continente europeo, ha sido aceptada por la inmensa mayoría de los empleados del país, pero también ha suscitado la indignación de muchos, que ayer protestaron aunque sin llegar a detener Italia como prometían.

La protesta que más preocupación causaba era la de los estibadores de puertos estratégicos como Génova, cerca de la frontera con Francia, o el de Trieste, puerta de acceso y salida para los camioneros y transportistas de Europa del Este. En este último, donde se esperaba la mayor manifestación, unos 3.000 trabajadores se movilizaron pero no obstaculizaron el paso de quienes no quisieron sumarse a la huelga, con lo que la actividad de su puerto transcurrió con normalidad, solo con algún retraso.

En Italia, con casi sesenta millones de habitantes, han completado la pauta de la vacuna 43,6 millones de personas, el 80,80% de la población, y 3,8 millones de trabajadores no constan entre quienes recibieron el compuesto, según datos de la Fundación Gimbe. Se trata de una cifra elevada que hacía vaticinar un viernes negro en Italia que, sin embargo, no lo fue.

Desde la patronal de industriales, el primer día de certificado sanitario obligatorio en las empresas “ha ido bien”, según declaró su presidente, Carlo Bonomi. “Por las noticias que tenemos y de los contactos dentro del sistema creo que ha prevalecido la responsabilidad, que es lo que pedíamos (...) Afortunadamente las cosas están yendo bien y espero que así siga en los próximos días”, auguró desde Bergamo.

Las protestas se salpicaron por todo el territorio pero no generaron grandes complicaciones, solo algunas filas en puertos como el de Génova, el de la capital siciliana, Palermo, Ancona o Civitavecchia, próximo a Roma. Y algún que otro retraso en las líneas de transporte público de ciudades como Verona, Padua, Venecia o Milán, mientras que en Florencia cientos de personas se manifestaron frente a la iglesia de Santa María Novella, en el centro de la ciudad.

Otro de los desvelos era la manifestación convocada en Roma, después de que el pasado sábado la ciudad acabara sumida en el caos por una marcha antivacunas en la que se infiltraron neofascistas y que se saldó con un sindicato asaltado y un hospital asediado. La protesta fue organizada en la enorme explanada del Circo Máximo ante la posibilidad de que fuera multitudinaria, pero finalmente solo contó con algunas cientos de personas que acudieron para denunciar la presunta violación de sus libertades y derechos.

Contribuyente. El Gobierno francés no paga desde ayer los test PCR o de antígenos para detectar el coronavirus a los ciudadanos que no estén vacunados, salvo si tienen una prescripción médica o a los menores, a quienes todavía no se ha inmunizado. Hasta ahora, Francia pagaba la totalidad de los test, que se cobraban en los laboratorios privados porque pasaban después la factura a la Seguridad Social. Esta medida provocaba que muchos franceses no quisieran vacunarse, porque un test negativo les permitía también tener el pase sanitario que da acceso a buena parte de los recintos del país. El primer ministro, Jean Castex, consideró que “no es legítimo que se paguen test de confort a cargo del contribuyente”.