La Fiscalía navarra constata la impotencia judicial para perseguir estafas por internet

Solicita leyes internacionales para obligar a las empresas proveedoras a ofrecer datos de las operaciones - El Ministerio Público tiene que revisar 6.000 sentencias en tres años de personas incapacitadas

03.11.2021 | 11:16
Las estafas en compras por internet proliferan.

El aumento en el número de estafas a través de medios informáticos, la dificultad que la ocultación de la autoría propicia la tecnología y, especialmente, la a menudo imposibilidad de recuperar el dinero estafado por afectar a la competencia judicial de otros países, es uno de los asuntos que "preocupa" en la labor de la fiscalía.

Lo ha señalado el fiscal superior de Navarra, José Antonio Sánchez, en la presentación en el Parlamento de la memoria de la Fiscalía de 2020, que destaca también en este ámbito de las nuevas tecnologías la "preocupante" incidencia del acoso que a través de estos medios se ejerce entre menores de 14 años, "al margen de la responsabilidad penal", y cuyo crecimiento ha atribuido al "precoz uso de ese tipo de tecnologías sin el control parental debido".

En cualquier caso, el "atípico" año 2020 está condicionado por la pandemia de la covid-19 y por las medidas restrictivas adoptadas para frenar los contagios, con un 11 % menos de procedimientos penales nuevos (se iniciaron 27.271), descenso que Sánchez ha ligado a la "lógica" derivada de los confinamientos, que inciden en la actividad delictiva, especialmente en el descenso de delitos contra la propiedad, ya que otros como las estafas por internet aumentan.

También es evidente la "disminución notable" del 20 % respecto al año anterior de las diligencias urgentes y juicios rápidos (los que se producen en juzgados de guardia y que habitualmente se cierran en un 80 % en conformidad), ya que se nutren de delitos contra la seguridad vial, pero la pandemia restringió la movilidad.

Con todo ello, en 2020 se registró una "notable disminución" de los escritos de acusación fiscal (2.750 frente a los 3.386 del año anterior), la mayoría de ellos en el ámbito de las diligencias urgentes, con la seguridad vial como principal materia.

Entre los delitos más calificados están los cometidos contra la propiedad en general, seguidos de los delitos de lesiones (con un 19,6 % menos), variación que ha explicado por el cierre de locales de ocio.

Todo ello ha afectado también a los juicios, ya que en 2020 se han celebrado 2.887 frente a los 3.612 del año anterior, todo ello con sentencias que mantienen la proporción habitual del 80 % de carácter condenatorio, con el resto absolutorias principalmente por considerar el juez que la prueba no ha sido suficiente.

Por otro lado, el fiscal superior de Navarra ha valorado la experiencia y posibilidad de celebrar juicios de manera telemática, pero ha lamentado la imposibilidad de que se generalicen por el sistema "no es compatible" con principios como el derecho a la defensa correcta, la presentación de las pruebas e incluso la efectiva identificación de los intervinientes.

La nueva ley sobre personas tuteladas y discapaces

En cuanto a la jurisdicción civil, Sánchez ha expuesto que el cambio legal sobre el sistema de tutelas de personas con discapacidad afecta a la fiscalía en la medida que en 2020 se realizaron 316 diligencias preprocesales civiles para determinar si procede la modificación de la capacidad, si bien ha advertido del "problema" que se avecina por la revisión en tres años de las ya existentes, en un número indeterminado pero que superaría las 6.000 que pasan por la rendición anual de cuentas.

En el año covid también son destacables las diligencias del seguimiento de la situación en residencias de mayores o derivadas de denuncias presentadas, ha dicho.

Sí que ha ponderado como "exitosa" la mediación en el ámbito penal, con 314 expedientes remitidos por el juzgado a esta fórmula y el 67 % de éxito, aunque ha considerado "difícil" que pueda aumentar más porque "siempre se parte del reconocimiento de los hechos por parte del propio acusado".

En el ámbito de menores, también se ha registrado una disminución de estos procedimientos, con los robos y hurtos como principal motivo de criminalidad, y los teléfonos y bicicletas como los objetos más afectados, por ser "el género que más salida tiene entre los propios menores y también para su venta posterior".

El fiscal superior de Navarra ha expuesto además la situación de la fiscalía en cuanto a personal y medios, ámbito en el que "no hay noticias" porque, al igual que en años anteriores, la plantilla suma 21 fiscales con el refuerzo de uno desde 2015, plaza que se espera convertir en definitiva si el próximo año se confirma la creación de 70 plazas para toda España.

"Al margen de este problema, la estabilidad de la plantilla es un dato importante, ya que por un lado es positivo, pero su lado negativo es la edad y falta de renovación", que podría afectar en negativo en un futuro próximo.

La culminación del proceso de implantación de la nueva oficina de la fiscalía y la adecuada ratio de un funcionario por fiscal, se suman a la descripción de la situación, en la que el sistema de teletrabajo que ya era posible antes de la irrupción de la covid ha permitido continuar con la actividad de la fiscalía, que siguió abierta con una parte de presencialidad.

En cuanto a otros medios materiales, el fiscal ha advertido del problema de espacio físico en el Palacio de Justicia, un edificio "ya totalmente ocupado" que evidenciará dificultades si se aumenta el personal como se pretende.
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