La covid causa un descenso del 30% en la actividad de la justicia en Navarra de abril a junio

30.09.2020 | 11:34
Exterior del Palacio de Justicia de Navarra

La actividad de los órganos judiciales entre el 1 de abril y el 30 de junio pasados se ha visto claramente afectada por la crisis sanitaria causada por la COVID-19 y ha disminuido en el conjunto de España un 32,9%. Una reducción que, en el caso de los órganos judiciales de Navarra, asciende al 30,4%, según el 'Informe estadístico sobre la situación de los órganos judiciales' en el segundo trimestre de 2020 difundidos este miércoles por el Consejo General del Poder Judicial.

"La desescalada escalonada en la administración de justicia, la necesidad de adoptar medidas de seguridad e higiene en los juzgados y la persistencia de la incidencia de la pandemia han hecho que las características de la disminución de todos los indicadores en ese trimestre sean tan diferentes a las de cualquier otro periodo anterior que es imposible extraer conclusiones de los datos que se presentan, y aconsejan tomar con cautela las variaciones interanuales", ha advertido el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) en un comunicado.

El trimestre analizado en este informe corresponde al más afectado hasta ahora por la situación sanitaria y la declaración del estado de alarma. Durante este periodo, en Navarra tuvieron entrada en el conjunto de los órganos judiciales 11.649 asuntos, una cifra que supone una disminución del 30,4% respecto al mismo trimestre del año anterior.

Entre abril y junio, los tribunales resolvieron un total de 10.635 asuntos, un 34,8% menos que un año antes; por su parte, los procedimientos que quedaron en trámite sumaron 20.498, un incremento interanual del 13,3%.

En la jurisdicción civil el número de demandas ingresadas entre abril y junio alcanzó las 4.239 (5.930 en el mismo periodo de 2019), un descenso interanual del 28,5%. En esta jurisdicción se resolvieron 3.505 (5.528) procesos, un 36,5% menos que en el mismo trimestre del año anterior, y quedaron en trámite 10.732 (9.425), esto es, un aumento del 13,8%.

En la jurisdicción penal se incoaron 6.361 procedimientos (9.257 el año anterior), un descenso del 31,2%, habiéndose resuelto 6.278 (9.372), un 33% menos, y quedando pendientes 6.165 (5.404), lo que supone un aumento del 14%.

Asimismo, en la jurisdicción contencioso-administrativa se registraron 273 nuevos pleitos (510 en el periodo análogo del año anterior), esto es, una disminución del 46,4%; se resolvieron 401 (433) y quedaron en trámite 1.137 (1.305), un 12,8% más que en el segundo trimestre de 2019.

Por último, en social, los litigios ingresados ascendieron a 776 (1.056) _una reducción del 26,5%_, se concluyeron 451 (998) _un descenso del 54,8%_; y quedaron en trámite 2.464 (1.945 en el segundo trimestre de 2019), esto es, un incremento del 26,6%.

La declaración del estado de alarma y la suspensión de los plazos procesales como consecuencia de la crisis sanitaria también tiene su reflejo en los datos referidos a la litigiosidad. Esta tasa en el conjunto de España ha sido de 22,3 asuntos por cada 1.000 habitantes, 11,3 puntos más baja que la registrada en el mismo trimestre de 2019.

Por territorios, las comunidades autónomas que han mostrado una litigiosidad superior a la media nacional han sido Canarias (31), Murcia (26,1), Andalucía (25,1), Illes Balears y Cantabria (22,9), Madrid (22,7), Comunidad Valenciana (22,6) y Asturias (22,5). Las comunidades con tasa más baja fueron La Rioja (14,3), y País Vasco (16,2) y Extremadura (17,2). Navarra registró un índice de litigiosidad de 17,6.