El Juzgado de lo Penal número 3 de Pamplona ha condenado esta mañana de conformidad a un vecino de la Ribera de origen senegalés a una pena de 8 meses de prisión por un delito contra la propiedad industrial después de que en los últimos Sanfermines celebrados, en concreto el 7 de julio de 2019, fuera interceptado en el paseo Sarasate vendiendo 66 pares de zapatillas falsificadas de marcas como Nike (32 pares), Adidas (32 pares) o New Balance (2 pares).

La Fiscalía pedía para el acusado un año y medio de prisión. La pena impuesta le ha sido suspendida y por tanto no tendrá que ir a prisión a condición de que no cometa un nuevo delito y de que indemnice a Nike con 650 euros por las zapatillas que tenía a la venta. Ha solicitado un pago mensual de 50 euros para hacer frente a la indemnización.

El joven procesado, que actualmente está regularizado, tiene un trabajo en una fábrica de conservas y una hija española, no tenía más antecedentes relacionados con este tipo delictivo, que está penado según el artículo 273 del Código Penal con la pena de prisión de seis meses a dos años. El texto normativo también considera que en los casos de distribución al por menor, atendidas las características del culpable y la reducida cuantía del beneficio económico, el juez podrá imponer la pena de multa o de trabajos en beneficio de la comunidad.

El encausado negó siempre los hechos y dijo que se había encontrado con un amigo en el lugar y que le había dejado al cuidado de sus cosas porque se tenía que ausentar durante unos minutos. Entonces aparecieron los agentes de la Policía Municipal de Pamplona que, con Maya en la alcaldía, tenían orden de extremar el celo contra estas prácticas.

Los hechos ocurrieron sobre las 18.25 horas del 7 de julio de 2019 en la confluencia del paseo Sarasate con la plaza del Vínculo de la capital navarra. El joven portaba en esos momentos dos grandes bolsos con las zapatillas en su interior que, según la Fiscalía, estaban destinadas a la venta al público. Dichas zapatillas eran falsificaciones, pudiendo inducir a error a los compradores, no habiendo obtenido el acusado autorización de las mencionadas marcas para dicha venta, zanja el escrito de acusación que ha aceptado para la condena.

Los colectivos se quejaron de la criminalización

En aquellos Sanfermines, los colectivos Africa Unida, EH11Kolore, Papeles y Derechos Denontzat y SOS Racismo criticaron al alcalde de Pamplona, Enrique Maya, por “criminalizar” a los “manteros”. En una nota afirmaron que Maya “ha recuperado con fuerza un discurso criminalizador y segregador, amparándose en la defensa de los comerciantes de toda la vida, vendiendo seguridad frente a una amenaza construida”. Aseguraron que, aunque con su discurso “pretende romper lazos de solidaridad, en realidad los fortalece porque recuerda la importancia de defendernos, de crear comunidad y de seguir construyendo redes de apoyo”.

“No estamos dispuestas a tragarnos este discurso”, dicen, y precisan que quieren “combatirlo poniendo en valor la dignidad de quienes ocupan las calles con sus mantas, que forman parte de una clase obrera que el sistema pretende silenciar y usar a su antojo en uno de los sectores que más padecen el racismo, la criminalización, la persecución, la inestabilidad y la precariedad laboral”.