vitoria-gasteiz - La Fiscalía y la acusación ejercida por la Diputación de Álava mantuvieron ayer sus peticiones de condena para Eliseo Gil, que podría ser condenado hasta a siete años y medio de cárcel por las “barbaridades” y “daños irreparables” causados en el yacimiento de Iruña-Veleia, al considerar que está “clarísimo” que este arqueólogo manipuló los hallazgos de la excavación. Por el contrario, la defensa de Gil pidió su absolución, dado que las pruebas y testimonios en su contra son “endebles” y “malintencionados”.

El Juzgado de lo Penal número 1 de Vitoria celebró ayer la última sesión del juicio por la presunta estafa arqueológica de Iruña-Veleia, un yacimiento arqueológico en el que entre 2005 y 2006 fueron desenterrados numerosas piezas de entre los siglos III y VI, que presentaban inscripciones supuestamente excepcionales sobre el origen del euskera o el cristianismo. En última intervención al final del juicio, Gil lamentó que a lo largo de este proceso haya tenido que asistir a una “burda caricaturización” de su vida personal y profesional, algo por lo que ha “sufrido infinitamente”. En todo caso, reafirmó su “inocencia” y expresó su confianza en la Justicia. La Fiscalía, en su informe final, recordó que todos los testigos que han declarado durante el juicio han asegurado que no encontraron “ningún” grafito excepcional en las piezas desenterradas, lo que avalaría la tesis de que dichas inscripciones eran realizadas posteriormente, durante el proceso de lavado de las piezas, para presentarlas como hallazgos supuestamente revolucionarios. En este sentido, subrayó que desde el Instituto de Patrimonio Cultural de España (IPCE) se ha acreditado que, sobre una muestra representativa de 39 piezas analizadas, 35 presentan “burdas” manipulaciones. Respecto a la autoría de las inscripciones supuestamente fraudulentas, informó de que, si bien los peritos no han podido concluir “al cien por cien” que el autor de las mismas sea Gil, sí han apreciado “similitudes razonables” entre los grafitos de las piezas y otras inscripciones efectuadas por el director de la excavación sobre otros soportes. El objetivo de Gil, a juicio de la Fiscalía, era lograr “publicidad” y obtener “réditos profesionales”.

En este sentido, afirmó que con el fin de “coronar su actuación criminal”, Gil contactó con Rubén Cerdán -también acusado- para que realizara un informe pericial “que en circunstancias normales nadie se lo iba a realizar”. Insistió en que Cerdán “no tiene” el título de físico nuclear, pese a que mantenga lo contrario, y que los informes que efectuó sobre los hallazgos de Iruña-Veleia son “pura literatura”, sin “acreditación” alguna. La acusación particular de la Diputación de Álava afirmó que “nadie podía esperar que se cometiese tal barbaridad en un yacimiento por quien tenía encomendada su explotación, y con una remuneración importantísima de 3,7 millones de euros”.

“azote continuo” La defensa de Gil, por el contrario, reclamó la absolución de su representado, al considerar que no se ha “acreditado” que los grafitos hayan sido “falsificados”. De hecho, aseguró que existe “un debate científico” en torno a la autenticidad de estos hallazgos. “No hay ni un solo argumento o indicio que sostenga jurídicamente sus postulados”, reprochó a las acusaciones. Además de censurar la imputación “endeble” y de “escaso rigor jurídico” contra su defendido, lamentó que en este caso se haya tratado desde un principio de “influir de manera obsesiva en la opinión pública”, con el fin de “dar por juzgado” el asunto. Respecto a los testimonios y pruebas sobre la falsificación, cuestionó su validez, al atribuirlas a “intereses oscuros” y a actitudes “malintencionadas”. El abogado del principal acusado en este caso denunció que las personas acusadas en este proceso han sufrido un “azote continuo” en los últimos doce años.