La Comisión Estatal de Patrimonio Natural y Biodiversidad, reunida el jueves, aprobó por un único voto de diferencia la inclusión del lobo en el catálogo de especies vulnerables, en una votación en la que no tomó parte el Gobierno de Navarra. El resultado supondrá la prohibición de la caza de este animal y, por tanto, de una gestión que durante años ha funcionado y ha dado como resultado el aumento y la recuperación de sus poblaciones, tal y como afirma la Real Federación Española de Caza (RFEC).

Esta decisión, en la que comunidades que no cuentan con ningún ejemplar de lobo en sus territorios tuvieron el mismo peso que aquellas que viven diariamente el conflicto que supone la coexistencia de este animal y la ganadería, supone, a juicio de los cazadores, “un nuevo abandono del Gobierno al mundo rural y se contrapone a una realidad que indica que allí donde se gestiona el lobo, su población se recupera, mientras que donde se protege estrictamente, disminuye, como es el caso de Portugal”.

En la votación, los apoyos favorables a esta medida fueron emitidos en su totalidad por autonomías que no tienen presencia alguna de la especie y que, por tanto, desconocen completamente el problema que sufren todos los días los ganaderos de las regiones con ataques continuos por parte de lobos, por lo que su voto “solo puede achacarse a posicionamientos políticos y a presiones ecologistas”, denuncia el colectivo cinegético.

El jueves también se votó la inclusión de la tórtola en el catálogo de especies vulnerables, una votación que quedó en empate, pese a las presiones registradas los últimos días a las comunidades autónomas para que apoyasen la protección de la tórtola, aun cuando España tomó durante los últimos años estrictas medidas para su recuperación, impulsadas principalmente por el sector cinegético.

Ninguna de estas decisiones es vinculante y ahora será el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) el que tendrá que decidir el futuro de ambas especies. Sin embargo, los cazadores acusan a los dirigentes de este ministerio de no esconder su acercamiento continuo a posiciones de ecologistas radicales, cuyo único objetivo es prohibir la caza de todas las especies, “demostrando una vez más su completa lejanía a una realidad rural que apuesta por la gestión cinegética sostenible”.

Tras la votación, el presidente de la RFEC, Ignacio Valle, lamentó la falta de valentía de las autonomías y afirmó que los representantes de la comisión obviaron “el sentir de un mundo rural que pedía a la ministra Teresa Ribera que abandonase su política sectaria, prohibicionista y anticaza”. Asimismo, advirtió al MITECO que “si continúa con esta deriva ideológica, tomarán todas las medidas legales para impedir este atropello contra el mundo rural”.

En la misma línea se manifestó el presidente de la Fundación Artemisan, José Luis López-Schümmer, que aseguró que “el jueves se dio un nuevo golpe a la España vaciada, ignorando el trabajo y los informes técnicos y científicos que avalan que la caza sostenible es necesaria para garantizar la viabilidad de ambas especies”.

En Navarra, el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente consideró que la propuesta de declarar el lobo como especie protegida debería haber contado con un análisis y un debate previo. Por ello, se abstuvo de participar en la votación. En este sentido, la consejera Itziar Gómez criticó la inclusión en el orden del día de una votación que “lejos de dar una solución a la población del lobo allá donde resulta más escasa, genera un enfrentamiento político entre comunidades autónomas que deja de lado la problemática de algunas comunidades de la cornisa cantábrica, como Navarra, en la que estamos trabajando comprometidamente con el futuro de la ganadería extensiva”.

Como se recuerda, la Comunidad foral trasladó el pasado mes de mayo al Comité de Flora y Fauna del ministerio su postura favorable a realizar un análisis previo y sin urgencia de las repercusiones que pudiera tener la inclusión del lobo en el listado de especies protegidas. Además, el departamento considera que los informes técnicos al respecto concluyen que “no hay una exigencia normativa ni una evidencia biológica para considerar todos los lobos de la península Ibérica como una única población, que deba gestionarse de forma similar en todo su ámbito”. Entiende que el lobo mantiene poblaciones estables en el cuadrante noroccidental de la Península, con una expansión en las últimas décadas hacia el sur y el este.

Asimismo, el departamento del Ejecutivo foral recuerda que las propias comunidades pueden incluir a las especies de fauna y flora en sus respectivos listados de especies protegidas, si así lo consideran, en función de su propia realidad. Por ello, observa que una decisión como esta requería, en su caso, de un análisis previo y de un debate entre todas las partes interesadas (administraciones, cazadores, sector primario, movimiento ecologista, entidades locales, etc.), cosa que no se ha producido y, por lo cual, Navarra decidió no votar en la comisión.